Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las dependencias del Gobierno de Tamaulipas podrían quedar obligadas por ley a contar con protocolos internos para prevenir, atender y sancionar la violencia laboral contra las mujeres dentro de oficinas públicas y centros de trabajo estatales.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Francisca Castro Armenta, quien propuso adicionar la fracción K al artículo 17 Bis de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La propuesta busca que la Secretaría del Trabajo supervise y garantice que todas las dependencias, instituciones y órganos del Poder Ejecutivo Estatal implementen mecanismos obligatorios contra el acoso, hostigamiento y cualquier forma de violencia laboral hacia las mujeres.
De acuerdo con la exposición de motivos, el hecho es importante porque la violencia en los espacios de trabajo representa una violación a los derechos humanos, afecta la estabilidad emocional y económica de las víctimas y limita su desarrollo profesional en condiciones de igualdad.
La legisladora advirtió que muchas mujeres enfrentan agresiones, discriminación, hostigamiento o ambientes laborales inseguros sin que existan protocolos claros para denunciar, investigar y sancionar estas conductas.
La propuesta advierte que actualmente existen lineamientos federales para prevenir violencia laboral y hostigamiento sexual, pero su aplicación depende de la voluntad de cada institución, lo que genera desigualdades en la protección de las trabajadoras.
Por ello, la reforma pretende convertir esos mecanismos en una obligación uniforme para todas las dependencias estatales, bajo vigilancia directa de la Secretaría del Trabajo.
La iniciativa también cita informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y estudios de la UNAM, los cuales sostienen que la ausencia de protocolos claros favorece la impunidad, la revictimización y el deterioro del clima laboral.
