Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a las autoridades de salud y asistencia social para que dejen de atender de forma improvisada a las personas en situación de calle con trastornos mentales y construyan, por primera vez, una ruta institucional para su atención
El dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Asuntos Municipales, y avalado por unanimidad de votos, plantea solicitar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Bienestar Social y a los 43 sistemas DIF municipales, que elaboren un diagnóstico sobre esta población, informen la capacidad instalada con la que cuentan y diseñen un protocolo de intervención social y representación asistencial
La propuesta, promovida por la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica, advierte que en Tamaulipas no existe actualmente un programa público integral, formalizado y transversal dirigido de manera específica a personas en situación de calle que padecen trastornos mentales
Por esa razón, el exhorto busca que las dependencias involucradas dejen de actuar con medidas aisladas o reactivas y establezcan mecanismos de coordinación interinstitucional con enfoque de derechos humanos
Uno de los puntos más relevantes del dictamen es que también se pide considerar a esta población como grupo prioritario dentro de programas y acciones de gobierno, eliminando obstáculos administrativos que hoy les cierran el acceso a la asistencia social
El documento advierte que estas personas enfrentan una condición de vulnerabilidad extrema, marcada por la falta de atención médica continua, ausencia de medicamentos, exposición a violencia, discriminación, abandono y ruptura de redes familiares y comunitarias
Además, señala que cuando una persona con trastorno mental es localizada en la vía pública, la respuesta institucional suele ser desordenada y sin criterios uniformes, lo que deriva en traslados temporales, canalizaciones informales o simples omisiones
Bajo esa lógica, el protocolo que se propone no solo tendría una función operativa, sino también asistencial, al contemplar mecanismos de representación para quienes no cuentan con red familiar o no pueden ejercer por sí mismos una defensa efectiva de sus derechos.
