Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las trabajadoras del gobierno estatal y de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas que sean víctimas de violencia familiar, podrían recibir una licencia de trabajo con goce de sueldo de hasta cinco días hábiles.
Para ese efecto, diputados de Morena presentaron una iniciativa de decreto que reformaría la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y el Código Municipal, a fin de incorporar ese derecho tanto para empleadas del Gobierno estatal como de los 43 ayuntamientos.
La propuesta plantea adicionar el artículo 33 Ter a la legislación laboral burocrática, así como el artículo 228 Bis al Código Municipal.
El beneficio aplicaría para servidoras públicas de base, de confianza, por contrato o bajo cualquier otra modalidad laboral, siempre que acrediten encontrarse en una situación de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el proyecto, la licencia sería de hasta tres días hábiles, con posibilidad de ampliarse por una sola ocasión hasta por dos días adicionales cuando subsistan las condiciones que le dieron origen.
El texto precisa que los días de licencia no necesariamente tendrían que ser continuos, lo que abre la posibilidad de que la trabajadora los utilice conforme a sus necesidades de atención, denuncia o protección.
Para acceder a ese permiso, la interesada tendría que presentar denuncia ante autoridad competente, una orden de protección, carpeta de investigación o constancia emitida por una institución pública especializada en atención a víctimas.
La solicitud deberá formularse por escrito ante el superior jerárquico o el área administrativa correspondiente, acompañada de la documentación respectiva, la cual deberá ser manejada con carácter confidencial.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que durante la licencia la servidora pública conservaría íntegros sus derechos laborales, incluida su adscripción y antigüedad, sin generar nuevas prestaciones ni erogaciones adicionales para el Estado o los municipios.
Además, se establece de manera expresa que el uso de esta licencia no podrá ser motivo de sanción, despido, cambio de adscripción injustificado ni ninguna otra forma de represalia laboral.
La propuesta argumenta que esta medida permitiría a las trabajadoras acudir a presentar denuncias, solicitar órdenes de protección, recibir atención médica o psicológica y dar seguimiento a carpetas de investigación sin poner en riesgo su empleo.
Como sustento, la exposición de motivos cita que una de cada tres mujeres de 15 años o más ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, mientras que una de cada cuatro, entre 15 y 49 años, ha padecido violencia física o sexual por parte de su pareja.
También refiere datos de la ENDIREH 2021, según los cuales en México la violencia contra las mujeres alcanza una prevalencia de 73 por ciento en áreas urbanas, 75 por ciento entre quienes tienen de 25 a 34 años, y 77.9 por ciento entre aquellas con escolaridad superior.
