Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La escena no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. En patios escolares, baños y alrededores de secundarias y preparatorias, el consumo de drogas dejó de ser una excepción para convertirse en una inquietante rutina.
No se trata de casos aislados ni de episodios exagerados. Es una realidad que el propio magisterio reconoce en voz baja, con preocupación creciente y, sobre todo, con una impotencia que duele.
Porque los maestros saben. Ven, detectan, intuyen. Pero también callan. Y no por omisión, sino por miedo.
Miedo a denunciar. Miedo a represalias. Miedo a poner en riesgo no solo su integridad, sino la de sus familias. En ese silencio forzado, el problema encuentra terreno fértil.
Así, la escuela —ese espacio que debería ser refugio— comienza a contaminarse. No por descuido pedagógico, sino por la ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
La droga se infiltra sin pedir permiso. Se normaliza en conversaciones, se oculta en mochilas, se consume en rincones donde antes solo había risas y tareas pendientes.
Y lo más grave es que cada día son más jóvenes los que caen en esa espiral. No hay distinción de colonia, nivel socioeconómico o promedio escolar. La adicción no discrimina.
Frente a ello, la reacción institucional luce desfasada. Se combate el trasiego, se presume el decomiso, se anuncian operativos. Pero el consumidor —el joven— queda fuera de la estrategia.
Es una lucha incompleta. Y, por lo tanto, condenada a perderse.
Porque mientras se golpea la oferta, la demanda sigue creciendo en silencio, alimentada por la falta de prevención y la ausencia de atención integral.
En las aulas, el docente se ha convertido en espectador obligado de una crisis que rebasa su ámbito. Su vocación no alcanza para enfrentar una problemática que exige intervención especializada.
Y sin embargo, se le deja solo. Sin protocolos claros, sin respaldo institucional efectivo, sin garantías de protección.
El resultado es previsible. La inacción se vuelve norma, no por falta de compromiso, sino por instinto de supervivencia.
Pero hay otro ángulo igual de preocupante. Quizá más.
Quien cae en el consumo, quien desarrolla dependencia, prácticamente no tiene a dónde acudir. El sistema público de atención a las adicciones es, en el mejor de los casos, insuficiente; en el peor, inexistente.
Las familias lo saben. Buscan ayuda y se topan con puertas cerradas o con listas de espera que no entienden de urgencias.
Ante ese vacío, emergen los llamados “anexos”. Espacios operados por particulares, sin regulación clara, sin supervisión constante y, muchas veces, sin condiciones dignas.
Ahí se deposita la esperanza… y también la desconfianza.
Porque nadie puede garantizar qué ocurre dentro. Ni el trato, ni los métodos, ni los resultados.
Es, en muchos sentidos, una lotería dolorosa.
Así, el círculo se completa. Jóvenes que caen, maestros que callan, familias que buscan y autoridades que miran hacia otro frente.
No se trata de restar importancia al combate contra la delincuencia organizada. Esa es, sin duda, una tarea indispensable.
Pero reducir la estrategia a ese frente es ignorar la otra mitad del problema. La más cercana. La más humana.
La que ocurre dentro de las casas, en las calles de siempre y, ahora, en las escuelas.
Prevenir no es solo repartir folletos o dar pláticas esporádicas. Implica construir entornos seguros, generar confianza y ofrecer alternativas reales.
Atender tampoco es solo internar. Es acompañar, tratar, rehabilitar con profesionalismo y dignidad.
Hoy, Tamaulipas enfrenta una crisis silenciosa que avanza sin estridencias, pero con efectos devastadores.
Una crisis que no se mide en aseguramientos ni en estadísticas oficiales, sino en historias truncadas.
En jóvenes que abandonan sueños antes de tiempo.
En maestros que, con frustración, ven cómo la enseñanza pierde terreno frente a la adicción.
Y en familias que se quedan solas, intentando rescatar lo que el sistema no alcanza a proteger.
Ignorar esta realidad no la hará desaparecer. Al contrario, la profundizará.
La pregunta es cuánto más se está dispuesto a perder antes de asumir que esta también es una emergencia.
Porque cuando la droga se instala en las aulas, lo que está en juego no es solo la disciplina escolar.
Es, ni más ni menos, el futuro de toda una generación.
EL RESTO.
GRANADOS, UN RIESGO.- Mas le valdría a Morena irse desmarcando del alcalde de Matamoros, Alberto Granados.
El edil es una auténtica “papa caliente” , sobre desde que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa. Si le impidió cruzar hacia su territorio por algo debe ser.
Peor aún están las cosas tras la reciente captura en Texas, de uno de los funcionarios del edil morenista, por traficar 11 kilos de cocaína.
Nos dicen que por lo pronto la indicación desde las jerarquías del partido guinda es no permitirle a Granados la reelección, pero eso no impedirá los daños para el partido si no se desmarca desde ahora.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
