Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Un total de 92 servidores públicos han sido denunciados por presuntos actos de corrupción en Tamaulipas, en una ofensiva institucional que ya derivó en 28 denuncias penales ante fiscalías y 64 expedientes turnados al Tribunal de Justicia Administrativa, según reveló la Secretaría Anticorrupción del Estado.
Durante su comparecencia con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, la titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, precisó que los casos derivan principalmente de irregularidades detectadas en la pasada administración, aunque también incluyen hechos recientes, relacionados con peculado, desvío de recursos, uso indebido de funciones y nepotismo.
En el ámbito penal, la Secretaría ha promovido 28 denuncias, de las cuales 23 fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado y cinco ante la Fiscalía General de la República, esta última por hechos detectados en instancias como el ITACE, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas.
Las denuncias estatales se concentran en dependencias clave como la Contraloría Gubernamental, COMAPA de la zona conurbada, Trabajo y Previsión Social, Salud, Oficina del Gobernador, Economía, Instituto del Deporte, Desarrollo Rural, Seduma, Bienestar, Educación, Obras Públicas y Administración, lo que evidencia un patrón amplio de posibles irregularidades en el aparato público.
En paralelo, en la vía administrativa, la dependencia informó que 64 expedientes de presunta responsabilidad administrativa fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de sancionar faltas graves conforme a la ley.
De ese total, 52 expedientes corresponden al bloque principal en substanciación, de los cuales 38 están vinculados a la administración anterior y 14 a la actual, mientras que el resto forma parte de expedientes integrados en el mismo periodo.
La secretaria explicó que estos procedimientos no se resuelven de manera directa por la dependencia, sino que siguen su curso ante el Tribunal, bajo principios de legalidad, presunción de inocencia y respeto al debido proceso.
Como resultado de estos procesos, ya se han generado sanciones que incluyen inhabilitaciones, multas económicas que van desde los 300 mil pesos hasra el millón de pesos.
La funcionaria subrayó que la estrategia anticorrupción no solo busca castigar, sino prevenir conductas indebidas mediante auditorías de desempeño, revisiones permanentes y mecanismos como el usuario simulado, orientados a mejorar la eficiencia institucional.
Transparencia con mayor presión ciudadana
En materia de transparencia, el informe reporta que, desde marzo del 2025 a febrero el 2026 se recibieron 2,439 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 2,284 fueron atendidas, lo que representa un nivel de respuesta del 93.64 por ciento.
El cumplimiento general en obligaciones de transparencia alcanzó un promedio de 91.50 por ciento, con niveles de hasta 98 por ciento en dependencias y 85 por ciento en entidades, mostrando avances respecto a años anteriores.
La titular de la Secretaría señaló que el incremento en las solicitudes, que ya ronda las tres mil anuales, refleja una mayor exigencia ciudadana y confianza en las instituciones, aunque también implica mayores retos operativos para los sujetos obligados.
Actualmente, el sistema estatal supervisa a más de 150 entes públicos, incluyendo dependencias, entidades y municipios, lo que amplía el alcance de la vigilancia en el acceso a la información.
Para fortalecer la respuesta institucional, se han impartido 14 cursos de capacitación a más de mil 600 servidores públicos, enfocados en garantizar respuestas adecuadas, proteger datos personales y respetar el marco legal.
No obstante, advirtió que existen límites en la entrega de información, particularmente cuando se trata de investigaciones en curso o datos sensibles, donde se debe privilegiar la legalidad y la protección de derechos fundamentales.
