Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los 43 ayuntamientos de Tamaulipas quedaron obligados a crear programas de transporte gratuito para trasladar a pacientes a hospitales y centros médicos fuera de sus municipios, luego de un areforma al Código Municipal aprobada por el Congreso del Estado.
La modificación, avalada por el Pleno legislativo, adiciona los artículos 170 Bis y 170 Ter, con lo que se establece por ley la creación de rutas de transporte médico programado para traslados no emergentes de personas que requieran consultas, estudios, terapias o procedimientos especializados.
El objetivo central de la reforma, impulsada por la panista, Marina Ramírez Andrade, es eliminar una de las principales barreras que enfrentan miles de tamaulipecos, particularmente en comunidades rurales, donde la falta de recursos o de transporte impide acudir a citas médicas fuera de sus localidades.
El nuevo marco legal obliga a los municipios a organizar rutas mediante vehículos oficiales, distintos a ambulancias, para movilizar a pacientes hacia hospitales generales, unidades regionales o centros especializados ubicados en otras ciudades.
De acuerdo con el decreto, estos servicios deberán operar con horarios previamente publicados, puntos de reunión accesibles y registros de beneficiarios, además de garantizar seguridad, accesibilidad e integridad física durante los traslados.
La ley establece también que tendrán prioridad personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y ciudadanos en condición de vulnerabilidad económica o social.
Otro punto relevante es que los ayuntamientos deberán coordinarse con instituciones de salud para optimizar recorridos, reducir tiempos de espera y asegurar que los traslados respondan a citas previamente programadas.
La reforma responde a una problemática recurrente en Tamaulipas, donde muchos pacientes abandonan tratamientos como hemodiálisis, quimioterapias, rehabilitaciones o revisiones prenatales por no poder costear los viajes a municipios con infraestructura médica especializada.
Aunque el Gobierno del Estado podrá celebrar convenios de apoyo técnico o presupuestario, la responsabilidad directa de implementar y operar estos programas recaerá en cada uno de los 43 ayuntamientos.
