Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En un golpe frontal contra la impunidad vial, Morena llevó al Congreso de Tamaulipas una iniciativa para endurecer las penas contra conductores ebrios que provoquen muertes o lesiones y después huyan, abandonen a sus víctimas o evadan las pruebas de alcoholimetría. La propuesta apunta directo a una de las conductas más indignantes en las calles: matar al volante y escapar.
La diputada, Úrsula Patricia Salazar Mojica, presentó la llamada “Ley Ezequiel”, una reforma que busca cerrar el cerco penal contra automovilistas irresponsables, tomando como detonante el caso de Ezequiel González Antonio, atropellado y muerto en Tampico presuntamente por un conductor en estado de ebriedad.
La iniciativa reforma los artículos 316 y 318 del Código Penal estatal para agravar hasta en una mitad las penas cuando el responsable, además de causar lesiones o muerte, se dé a la fuga o se sustraiga de la acción de la autoridad en el lugar de los hechos.
El endurecimiento también alcanzará a quienes abandonen a la víctima sin prestarle auxilio, aun pudiendo hacerlo, o escapen con la intención de evitar exámenes que acrediten ebriedad, intoxicación o consumo de sustancias. Esa práctica, frecuente en accidentes fatales, dejaría de ser una salida fácil para los responsables.
Actualmente, el Código Penal contempla sanciones de tres a ocho años de prisión si un conductor ebrio causa la muerte de una o más personas, pero con la reforma esas penas podrían dispararse al sumarse agravantes por fuga, omisión de auxilio o abandono del lugar.
La propuesta no solo endurece castigos penales. También modifica la Ley de Atención a Víctimas para reconocer expresamente como víctimas indirectas a los familiares de personas fallecidas en hechos de tránsito provocados por conductores ebrios, garantizándoles acceso a reparación integral del daño, apoyo psicológico y asesoría jurídica.
Con ello, las familias dejarían de quedar atrapadas en un vacío legal que, hasta ahora, limitaba su participación activa en los procesos judiciales y les negaba plenamente el acceso a mecanismos de justicia y compensación.
La legisladora morenista sostuvo que el problema dejó de ser una estadística para convertirse en una crisis social que exige una respuesta contundente. Cada conductor alcoholizado que toma el volante, dijo, representa un riesgo letal que el Estado no puede seguir tolerando con castigos blandos.
La reforma también obliga a los jueces a valorar el impacto causado a las víctimas indirectas al momento de individualizar las penas, incorporando por primera vez el daño moral, psicológico y económico sufrido por las familias en la sentencia penal.
El mensaje político detrás de la iniciativa es claro: en Tamaulipas, emborracharse, atropellar, matar y huir ya no podrá seguir tratándose como una simple imprudencia. Si prospera la reforma, el volante bajo alcohol y la fuga dejarán de ser una combinación barata ante la ley.
