Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa que permitirá a las personas decidir anticipadamente qué tratamientos médicos aceptar o rechazar en caso de enfermedad terminal, con la obligación de que esa voluntad sea respetada por médicos e instituciones de salud.
La propuesta fue presentada por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien planteó expedir la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Tamaulipas.
El objetivo es dar certeza jurídica a pacientes, familias y personal médico en momentos críticos, cuando la persona ya no puede expresar su voluntad y las decisiones recaen en terceros.
La iniciativa reconoce el derecho de toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades, a manifestar de manera libre e informada qué tipo de atención médica desea o no recibir en la fase final de su vida.
Uno de los puntos centrales es evitar la obstinación terapéutica, es decir, la aplicación de tratamientos desproporcionados o innecesarios que solo prolongan la agonía sin mejorar la condición del paciente.
En ese sentido, se privilegia el acceso a cuidados paliativos, enfocados en el control del dolor, el acompañamiento y la calidad de vida en la etapa terminal.
El proyecto de ley se integra por 12 artículos distribuidos en cuatro capítulos, en los que se establecen definiciones, mecanismos de formalización, reglas de cumplimiento y responsabilidades del personal médico.
El documento establece que la voluntad anticipada podrá formalizarse ante notario público o ante personal de salud autorizado, con la presencia de dos testigos, y podrá ser revocada en cualquier momento.
También obliga a las instituciones de salud, públicas y privadas, a informar a los pacientes sobre este derecho y a integrar el documento en el expediente clínico para su cumplimiento.
Se precisa que el personal médico deberá respetar la voluntad anticipada cuando el paciente no pueda expresarse, evitando intervenciones invasivas o innecesarias.
Como parte de la certeza jurídica, la iniciativa establece que los profesionales de la salud que actúen conforme a esta ley no serán sujetos de responsabilidad civil, penal o administrativa.
El proyecto deja en claro que no se permitirá la eutanasia ni el suicidio asistido, prácticas que siguen prohibidas en el marco legal vigente.
