Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por obligación de ley, el Gobierno del Estado deberá implementar programas gratuitos de capacitación digital para adultos mayores, con el objetivo de reducir la brecha tecnológica y facilitar su acceso a servicios, trámites y comunicación en línea.
Lo anterior, luego de una reforma aprobada por el Congreso local, que adiciona el artículo 26 Quáter a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estableciendo por primera vez un esquema operativo para enseñar el uso de herramientas digitales a este sector.
El cambio legal responde a una realidad evidente en la que miles de personas mayores permanecen excluidas del entorno digital, lo que limita su acceso a servicios públicos, operaciones bancarias y canales de comunicación básicos.
A partir de ahora, el Estado y los municipios deberán coordinarse con universidades, bibliotecas públicas y centros comunitarios para llevar estos programas a la población.
La ley fija contenidos mínimos que incluyen alfabetización digital básica, uso de internet, redes sociales y acceso a plataformas gubernamentales y financieras.
También incorpora capacitación en seguridad digital, enfocada en la protección de datos personales y la prevención de fraudes, un riesgo creciente para los adultos mayores.
Los programas podrán impartirse de forma presencial, virtual o híbrida, dependiendo de las condiciones de cada región y de las capacidades de los beneficiarios.
Además, se contempla la participación de estudiantes universitarios como facilitadores mediante servicio social o voluntariado, lo que permitirá ampliar la cobertura sin generar altos costos.
Durante el análisis del dictamen se destacó que en Tamaulipas más de medio millón de personas mayores de 60 años enfrentan limitaciones para acceder a la tecnología, lo que impacta directamente en su calidad de vida.
El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, y obligará al Ejecutivo a emitir los lineamientos necesarios para convertir esta disposición en una política pública efectiva.
