Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Entraron en vigor en Tamaulipas dos decretos legislativos que buscan poner freno a los abusos cometidos por los agentes de Tránsito y las empresas de grúas utilizadas para el arrastre de vehículos estacionados en lugares prohibidos.
Uno de los decretos de reforma a la Ley de Tránsito establece que cuando el propietario de un automóvil esté presente la grúa no podrá remolcarlo y el agente de Tránsito se limitará a entregarle la boleta de infracción.
El segunso decreto obliga a las empresas de grúas a publicitar las tarifas por arrastre de vehículo y a expedir facturas por el servicio.
Ambas reformas fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado, lo que marca su entrada en vigor y su aplicación obligatoria en todo el territorio tamaulipeco.
En el caso del Decreto 66-1010, la reforma al artículo 26 de la Ley de Tránsito establece que: “cuando la persona propietaria o conductora del vehículo se encuentre presente en el lugar al momento de la remoción, o acuda antes de que la grúa inicie su traslado, la autoridad y el operador deberán abstenerse de efectuar el retiro”, e incluso, si la unidad ya fue subida a la plataforma, deberá ser bajada sin realizar cobro alguno por maniobras o arrastre.
La disposición precisa que en estos supuestos únicamente procederá el apercibimiento o la imposición de la infracción correspondiente, eliminando con ello la posibilidad de que el retiro del vehículo se convierta en un mecanismo de cobro adicional.
Asimismo, el decreto establece una excepción cuando el conductor se encuentre impedido para manejar, ya sea por intoxicación o falta de aptitud. En esos casos, la grúa hará el arrastre del vehículo.
En lo que respecta al segundo decreto, éste impone nuevas obligaciones a las empresas de grúas concesionadas, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas en la prestación del servicio.
La norma establece que los prestadores del servicio deberán exhibir de manera visible las tarifas autorizadas por el arrastre y resguardo de vehículos, evitando así cobros discrecionales o fuera de lo establecido.
De igual forma, se les obliga a expedir comprobantes fiscales por cada servicio realizado, lo que permitirá a los usuarios contar con un respaldo formal de los pagos efectuados.
Estas disposiciones buscan atender una de las principales quejas ciudadanas, relacionada con los costos excesivos y la falta de claridad en los cobros aplicados por las empresas de grúas.
Con ambos decretos, el Congreso del Estado pretende establecer reglas más claras en la actuación de los agentes de Tránsito y en la operación de los servicios de arrastre, reduciendo márgenes de discrecionalidad.
La implementación de estas reformas marca un ajuste en la regulación del servicio, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y garantizar un trato más equitativo en la aplicación de sanciones.
