Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Tamaulipas rompe con años de rezago en salud mental al obligar por ley al estado a prevenir y atender una crisis que durante demasiado tiempo se ignoró, con un nuevo modelo que apuesta por la intervención temprana y la atención integral en todo el territorio.
Para ese efecto, el Congreso del Estado aprobó la expedición de la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, un ordenamiento que por primera vez establece reglas claras y unifica criterios para atender este problema desde una perspectiva institucional.
La nueva legislación surge de la integración de tres iniciativas presentadas por legisladores de Morena y del PRI, las cuales coincidían en la necesidad de construir un marco jurídico específico ante el crecimiento de trastornos como la ansiedad, la depresión y las adicciones.
El dictamen aprobado establece que la salud mental deberá ser atendida no solo como un tema clínico, sino como un componente esencial del bienestar social, con enfoque en derechos humanos, inclusión y atención comunitaria.
Uno de los cambios de fondo es el abandono del modelo reactivo que prevalecía hasta ahora, donde la intervención llegaba cuando la crisis ya estaba presente, para dar paso a un esquema preventivo basado en la detección temprana y el acompañamiento integral.
La ley obliga a las instituciones públicas a garantizar servicios accesibles, oportunos y de calidad, además de asegurar la continuidad de los tratamientos y la cobertura en todo el territorio estatal, incluyendo zonas rurales y población en condición de vulnerabilidad.
También establece la coordinación obligatoria entre dependencias como salud, educación, seguridad, justicia y desarrollo social, con el objetivo de articular políticas públicas que atiendan el problema desde distintos frentes.
El nuevo marco jurídico amplía su alcance al contemplar a todas las personas que habiten o transiten en Tamaulipas, lo que implica una cobertura más amplia que la prevista en esquemas tradicionales.
Entre sus ejes principales se encuentra la promoción de la salud mental, la prevención de trastornos, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de quienes enfrentan estas condiciones.
Durante el proceso de dictaminación se realizaron consultas con instancias especializadas y dependencias estatales, las cuales emitieron opiniones favorables al considerar que la ley fortalece las capacidades institucionales.
El documento también se alinea con el marco jurídico nacional y con estándares internacionales en materia de derechos humanos, reconociendo la salud mental como parte fundamental del derecho a la salud.
Con esta aprobación, el Congreso busca sentar las bases de un sistema estatal más articulado que permita enfrentar una problemática que ha crecido de forma sostenida, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, y que hasta ahora había sido atendida de manera fragmentada.
