Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Quien promueva o glorifique delitos en redes sociales o en cualquier medio de comunicación digital podría enfrentar hasta siete años de prisión y multas de hasta 300 UMAs —equivalentes a poco más de 33 mil pesos—, de prosperar una reforma al Código Penal que ya fue avalada por las comisiones de Estudios Legislativos y de Justicia del Congreso del Estado.
El dictamen actualiza la figura penal de provocación y apología del delito, ampliando su alcance a las nuevas formas de difusión pública, como plataformas digitales y redes sociales.
La acción legislativa que incurre en este delito quien incite de manera directa, pública y dolosa a la comisión de un ilícito, así como quien realice la exaltación o glorificación del crimen o de sus autores, conductas que —según el análisis legislativo— contribuyen a la normalización de la violencia y la ruptura del tejido social.
Como parte de la reforma, se incorpora al artículo 202 del Código Penal una definición más precisa de estas conductas. Se establece que existe provocación cuando, de manera directa y por cualquier medio que facilite la publicidad o ante una concurrencia de personas, se incita a la comisión de un delito.
En tanto, se define la apología como la exposición pública de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor, precisando que solo será sancionable cuando, por su naturaleza y circunstancias, constituya una incitación directa a delinquir.
Aunque la iniciativa no lo menciona de forma expresa, el alcance de la reforma también abre la puerta a considerar la difusión de contenidos como los narcocorridos dentro de estas conductas, en la medida en que impliquen la exaltación del crimen o de quienes lo cometen, lo que podría derivar en interpretaciones jurídicas sobre su eventual sanción.
El proyecto contempla además una agravante que incrementa hasta en un tercio la pena cuando la conducta sea cometida por personas servidoras públicas, además de prever su inhabilitación por el mismo periodo.
La acción legislativa cuenta con el respaldo de la Fiscalía General de Justicia y del Poder Judicial del Estado, y busca fortalecer el marco jurídico frente a las dinámicas actuales de comunicación, promoviendo entornos de mayor seguridad y responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión.
