Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Definitivamente Movimiento Ciudadano hizo la tarea. Mientras que el PAN y el PRI se dedicaron, durante las últimas semanas, a criticar y a descalificar mediáticamente la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la bancada naranja decidió ir más allá del ruido político y se puso a trabajar. Aprovechó la coyuntura para elaborar un proyecto propio que, en los hechos, luce más atractivo, interesante y prometedor para la democracia que el planteado desde Palacio Nacional.
La política mexicana tiene una vieja enfermedad: la oposición suele quedarse en la protesta, pero pocas veces ofrece alternativas serias. Esta vez, sin embargo, Movimiento Ciudadano optó por un camino distinto: presentó una reforma electoral paralela que no solo cuestiona la iniciativa presidencial, sino que propone un rediseño más profundo del sistema democrático.
La diferencia entre ambos proyectos no es menor. La propuesta presidencial se concentra principalmente en reducir costos del sistema electoral y modificar algunos mecanismos institucionales. La de Movimiento Ciudadano, en cambio, pretende tocar varias fibras estructurales del modelo electoral mexicano.
Veamos:
Un primer contraste técnico aparece en el tema del financiamiento público a los partidos políticos. La iniciativa de la presidenta plantea ajustes moderados para contener el gasto electoral, pero mantiene prácticamente intacta la lógica actual de financiamiento. Movimiento Ciudadano propone algo más directo: reducir en diez por ciento el financiamiento público a los partidos.
No es una diferencia menor. El financiamiento partidista es uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, que durante años ha cuestionado el enorme costo de la política en México. Una reducción, aunque sea parcial, envía una señal política importante.
Otro punto donde la propuesta naranja introduce un cambio más audaz es el de la participación ciudadana. Mientras la reforma presidencial mantiene el esquema actual de participación voluntaria en las elecciones, Movimiento Ciudadano plantea la posibilidad de establecer el voto obligatorio.
La propuesta no es nueva en el mundo. Países como Australia, Bélgica o Uruguay han aplicado modelos similares con altos niveles de participación electoral. La lógica es sencilla: si la democracia es un derecho, también puede ser entendida como una responsabilidad cívica. Y quien decida no acudir a las urnas debe enfrentar sanciones.
Pero la iniciativa naranja va todavía más lejos en ese terreno. Propone ampliar el padrón electoral para permitir que jóvenes de 16 y 17 años puedan votar.
La propuesta abre un debate interesante. Quienes la defienden sostienen que los jóvenes ya participan activamente en la vida pública a través de redes sociales, movimientos estudiantiles y debates políticos, por lo que negarles el voto resulta anacrónico.
Sus críticos, en cambio, advierten que podría tratarse de un electorado todavía vulnerable a la manipulación política. Sin embargo, lo cierto es que la discusión sobre la edad mínima para votar está presente en muchas democracias del mundo.
Un tercer contraste técnico entre ambas reformas aparece en el tema de la seguridad electoral. La iniciativa de Movimiento Ciudadano propone que una elección pueda anularse si durante el proceso es asesinado un candidato.
La medida surge en un contexto particularmente grave para México. En los últimos procesos electorales, la violencia política se ha convertido en uno de los principales riesgos para la democracia. En las ultimas elecciones muchos candidatos fueron asesinados antes del día de la jornada electoral.
Incorporar esa causal de nulidad electoral busca enviar un mensaje claro: cuando la violencia interviene en las elecciones, la legitimidad del resultado queda inevitablemente comprometida.
En este punto, la propuesta presidencial resulta mucho más cautelosa. El proyecto del Ejecutivo reconoce el problema de la violencia política, pero no plantea mecanismos tan contundentes para sancionar sus efectos en los procesos electorales.
Otro elemento donde la iniciativa de Movimiento Ciudadano introduce un cambio relevante es en la fiscalización de las campañas. El proyecto busca endurecer los controles para evitar el ingreso de dinero ilícito en la política.
La propuesta plantea prohibir aportaciones anónimas y fortalecer los mecanismos de seguimiento al financiamiento de campañas, con el objetivo de cerrar la puerta al dinero del crimen organizado.
No es un tema menor. La infiltración del narcotráfico en la política se ha convertido en uno de los mayores desafíos institucionales del país.
Si el dinero ilegal decide elecciones, la democracia deja de ser tal y se convierte en una simple fachada. Pero sobre todo, se torna en algo extremadamente peligroso porque la misma delincuencia termina incrustada en los gobiernos.
Un quinto punto de contraste aparece en la modernización del sistema de votación. Movimiento Ciudadano propone avanzar hacia un modelo gradual de voto electrónico.
El planteamiento incluye auditorías técnicas y mecanismos de seguridad antes de su implementación plena, buscando evitar riesgos de manipulación digital.
La iniciativa presidencial, en cambio, mantiene un enfoque más conservador, apostando por preservar el modelo tradicional de votación en papel.
Ambas visiones reflejan dos enfoques distintos sobre el futuro del sistema electoral mexicano: uno que privilegia la estabilidad institucional y otro que apuesta por una modernización gradual.
En el fondo, lo que hoy está en juego no es solo una reforma electoral, sino el modelo de democracia que México quiere construir en los próximos años.
El debate apenas comenzará pero resulta evidente desde ahora: mientras algunos partidos optaron por el camino fácil de la crítica mediática, Movimiento Ciudadano decidió entrar al terreno más difícil de la política.
El de las ideas.
Y en democracia, las ideas —cuando son serias— siempre terminan pesando más que los gritos.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
