Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Durante décadas, la figura del diputado plurinominal fue presentada como un mecanismo para garantizar la pluralidad y para darle voz a las minorías. Sin embargo, en los hechos, se ha convertido en todo lo contrario: una puerta trasera por la que acceden al poder quienes no logran —o ni siquiera intentan— ganar el respaldo ciudadano en las urnas.
La reforma electoral que está por enviarse al Congreso de la Unión reabre un debate incómodo pero necesario: ¿tiene sentido mantener a los legisladores de representación proporcional?
La respuesta, desde una óptica crítica y realista, es no… al menos no como hoy existen.
Actualmente, los diputados plurinominales no hacen campaña, no recorren distritos, no se someten al escrutinio directo del electorado. Llegan a una curul por decisión de las cúpulas partidistas, mediante listas previamente elaboradas donde el orden lo define el dirigente en turno.
Es decir, no los elige el ciudadano. Los designa el partido.
El sistema funciona así: cada partido registra listas regionales de candidatos plurinominales y, según el porcentaje de votación que obtiene, se le asignan diputaciones que se reparten en el orden de esas listas. Quien aparece en los primeros lugares prácticamente tiene asegurada la curul, sin haber pedido un solo voto.
Y ahí está el problema.
Porque esos primeros lugares no suelen ser ocupados por los perfiles más capaces o más cercanos a la ciudadanía, sino por los incondicionales del dirigente, los operadores políticos, los aliados estratégicos… o, en el peor de los casos, por familiares y amigos.
Es un sistema que premia la lealtad interna, no el mérito ni la representación social.
Por eso no sorprende que partidos como el PT o el PVEM levanten la voz en contra de modificar este esquema. No es una defensa de la democracia; es la defensa de un privilegio.
Para esas dirigencias, las listas plurinominales son un seguro de vida político.
Les permiten colocarse a sí mismos o a sus cercanos en posiciones seguras, sin arriesgarse al desgaste de una campaña ni al juicio de los votantes. Es, en términos simples, una forma legal de repartir cuotas de poder.
La reforma, sin embargo, no necesariamente elimina la representación proporcional, pero sí busca cambiar de fondo la manera en que se asigna: que esas posiciones dependan del voto ciudadano, ya sea mediante elección directa o mediante figuras como los “mejores perdedores”.
Y eso cambia todo.
Porque entonces no bastaría con ser cercano al líder del partido; habría que convencer a la gente. No bastaría con aparecer en una lista; habría que caminar el territorio, escuchar, debatir, exponerse.
En otras palabras, habría que hacer política de verdad.
En Tamaulipas, el ejemplo es contundente. La actual Legislatura local incluye diputados de representación proporcional como Armando Zertuche Zuani, Ismael García Cabeza de Vaca y María del Rosario González Flores, quienes llegaron al Congreso sin haber ganado un distrito electoral .
A nivel federal ocurre lo mismo. Legisladores como Adrián Oseguera Kernion, Blanca Leticia Gutiérrez Garza y César Augusto Rendón García ocupan una curul en San Lázaro por la vía de circunscripción, es decir, sin haber triunfado en las urnas
Y aquí conviene decirlo sin rodeos: muchos de ellos difícilmente habrían llegado a una curul si hubieran tenido que competir en las urnas. Algunos no ganarían ni una elección en su propia colonia o fraccionamiento.
Ese divorcio entre representante y representado es, quizás, el mayor daño que ha causado el modelo actual.
Porque rompe el principio básico de la democracia: que el poder emana del pueblo.
De concretarse la reforma, no desaparecerían necesariamente todos los espacios de representación proporcional, pero sí se acabaría la lógica de las curules regaladas.
Se terminaría el reparto discrecional de posiciones.
Y, sobre todo, se fortalecería la rendición de cuentas.
Porque un diputado que sabe que debe su cargo al voto ciudadano, también sabe que puede perderlo.
Ese simple hecho modifica conductas.
Obliga a trabajar, a rendir resultados, a mantenerse cercano a la gente.
No se trata de negar la importancia de la pluralidad. Se trata de evitar que, en nombre de ella, se perpetúe un sistema de privilegios que ha distorsionado la representación política.
La democracia no necesita atajos.
Necesita legitimidad.
Y esa solo se construye en las urnas.
EL RESTO.
ERASMO GONZÁLEZ, EN CAÍDA LIBRE.- El alcalde de Madero, Erasmo González, gobierna hoy entre el desorden, la sospecha y una creciente pérdida de control. Su administración acumula señalamientos graves, mientras la policía de tránsito se ha convertido en sinónimo de abusos y extorsión, y la asignación de contratos públicos sigue envuelta en dudas.
Más que desgaste, lo que se observa es un gobierno que perdió rumbro y credibilidad. En esas condiciones, la pregunta es inevitable: ¿con qué cara pediría de nuevo el voto ciudadano? Cualquiera diría que el morenista ya perdió la reelección.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
