ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Samuel Badillo Amador no es secretario. Es subsecretario. Pero en los hechos manda más que muchos de ellos. Desde Bienestar Social controla dinero, territorio y estructura política. Y lo ejerce, según coinciden voces dentro del propio gobierno, con una soberbia que ya empieza a incomodar.
Se mueve como si no tuviera jefa. Como si la línea de mando no existiera. Como si su única obligación fuera responder hacia arriba, allá donde realmente se toman las decisiones. Esa sensación de respaldo es la que le ha permitido operar con un margen que ningún subsecretario debería tener.
Porque lo que tiene en las manos no es menor.
Desde esa oficina se maneja una de las bolsas más grandes de recursos públicos del gobierno estatal. Despensas, apoyos, gasolina, operación territorial. Millones de pesos que se dispersan todos los meses en colonias y comunidades a través de una estructura que nadie se ha atrevido a desmontar en décadas.
La crearon los gobiernos priistas para controlar políticamente el territorio. El PAN la dejó intacta. Morena la heredó. Y hoy Badillo la administra como si fuera un patrimonio propio.
Ahí está el verdadero poder.
Debajo de la estructura formal existe otra mucho más amplia y mucho menos vigilada: la red de “voluntarios”. Gente que recibe dinero público cada mes sin estar en una nómina tradicional. Pagos que van desde 15 mil, 10 mil, cinco mil o tres mil pesos.
La fiscalización, en ese nivel, es casi nula.
No hay una ruta clara del dinero. No hay controles estrictos. No hay forma real de verificar quién cobra y qué hace. Todo depende de la discreción del área. Y esa discreción tiene nombre y apellido.
Samuel Badillo Amador.
Por eso su poder es tan grande. Porque controla la estructura que baja el dinero. Porque maneja la red que opera en territorio. Porque decide a quién se apoya y a quién no. Y porque lo hace con una autonomía que, dicen dentro del propio gobierno, ya rebasó los límites.
Se le acusa de brincar jerarquías. De actuar como si la subsecretaría fuera su feudo. De dejar claro, en corto, que sus cuentas no se rinden en la oficina de al lado, sino en Palacio.
Y cuando un funcionario se siente así de respaldado, el problema es serio.
Porque cuando hay dinero público de por medio, y ese dinero se mueve con discrecionalidad, sin controles reales y sin fiscalización efectiva, siempre aparece el riesgo de que empiece a desviarse.
No se trata de lanzar acusaciones. Se trata de ver el tamaño del hueco.
Una estructura territorial gigantesca. Pagos mensuales a cientos de personas. Recursos que se justifican como “apoyos”. Y una revisión que, en la práctica, casi no existe.
Eso es terreno fértil para cualquier cosa.
Por eso la Auditoría Superior del Estado tendría que meter las manos ahí. Auditar a fondo. Seguir la ruta del dinero. Revisar cómo se dispersa y en qué se está gastando. Porque cuando hay opacidad y discrecionalidad, el dinero público suele perderse en el camino.
Badillo hoy concentra demasiado poder para un subsecretario. Maneja dinero. Maneja operadores. Maneja territorio. Y lo hace con una seguridad que solo tiene quien se sabe protegido.
Pero el poder sin vigilancia siempre termina mal.
Y en el caso de la Subsecretaría de Bienestar Social, ya es hora de que alguien le ponga lupa.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
