Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
En medio del duelo, algunas familias han sido presionadas económicamente al retenerles el certificado de defunción para obligarlas a pagar servicios funerarios, una práctica que ahora busca ser prohibida de forma expresa en Tamaulipas mediante una reforma legal.
La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario de Morena el diputado de Morena, con el objeto de modificar la Ley de Salud estatal para impedir que establecimientos funerarios condicionen o retrasen la entrega de ese documento indispensable tras el fallecimiento de una persona.
El planteamiento parte de testimonios y experiencias que evidencian cómo, ante la falta de una prohibición clara, algunos prestadores de servicios han utilizado el certificado como mecanismo de presión para asegurar el cobro, aprovechándose del estado de vulnerabilidad emocional y económica de las familias.
La propuesta subraya que este documento no es un trámite secundario, sino la base para registrar legalmente la defunción, autorizar la inhumación o cremación, iniciar procesos sucesorios, reclamar seguros, pensiones y acceder a distintos derechos administrativos y patrimoniales.
Desde la óptica jurídica, se advierte que retener el certificado equivale a una forma de autotutela privada que vulnera el Estado de Derecho, al utilizar un documento sanitario de orden público como instrumento de coerción económica.
La iniciativa no busca limitar la actividad de las funerarias ni impedir el cobro de sus servicios, sino establecer reglas claras que separen las obligaciones sanitarias de las relaciones contractuales, de modo que los pagos se reclamen por las vías legales correspondientes y no mediante presión directa.
El proyecto propone la creación de un capítulo específico en la Ley de Salud del Estado para reconocer el certificado de defunción como un documento de naturaleza pública cuya entrega debe realizarse de forma inmediata e incondicionada a los familiares o representantes del fallecido.
Además, establece de manera explícita la prohibición de retener, ocultar o negar el documento, así como usarlo como garantía o medio de presión para el pago de servicios funerarios.
En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones administrativas que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal, clausura del establecimiento o la revocación de permisos sanitarios, sin descartar responsabilidades civiles o penales.
De aprobarse, la reforma buscaría cerrar vacíos legales que han permitido estas prácticas, proteger a las familias en momentos de mayor vulnerabilidad y reafirmar que el acceso a documentos esenciales no puede quedar sujeto a intereses económicos particulares.
