Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Durante décadas, la procuración de justicia en Tamaulipas tuvo un brazo operativo que imponía respeto. No era perfecto, pero era eficaz. La Policía Ministerial entendía su misión esencial: investigar, perseguir y esclarecer.
Aun con limitaciones presupuestales, señalamientos de corrupción y una formación mayormente empírica, se trataba de una corporación funcional. Había método. Había calle. Había oficio.
Los agentes sabían leer una escena, reconstruir una secuencia, seguir una pista hasta sus últimas consecuencias. No lo aprendían en manuales: lo aprendían en el terreno.
Había estrategia. Y, sobre todo, había compromiso. El investigador entendía que su tarea no terminaba con integrar una averiguación previa (ahora carpeta de investigación) sino con presentar a los responsables ante la justicia.
Cuando un delito cimbraba a la sociedad —de esos que indignan y lastiman— la reacción institucional era inmediata. Se conformaban grupos especiales.
Eran células compactas, con mando claro, tiempos definidos y un objetivo innegociable: resolver. Y casi siempre lo hacían.
La regla era la eficacia. La excepción, el fracaso. El mensaje era inequívoco: el delito grave no quedaría impune.
En aquellos años, una agresión sexual como la ocurrida el pasado 29 de diciembre contra dos doctoras del Hospital Infantil habría sido investigada con prontitud, sigilo y resultados.
Hoy, lamentablemente, no es así.
La Policía Investigadora de la Fiscalía se ha vuelto invisible. Existe en el organigrama, pero no en los hechos. Está, pero no actúa.
Su principal déficit no es presupuestal, sino estructural. Se sustituyó el oficio por la teoría, la experiencia por el aula, la investigación real por la simulación administrativa.
Se formaron agentes que conocen protocolos, pero no saben investigar. Policías que dominan conceptos jurídicos, pero desconocen el terreno.
Y la teoría, por sí sola, no hace a un buen investigador. La investigación criminal es intuición, disciplina, carácter y resistencia.
Las consecuencias son evidentes. La impunidad dejó de ser una anomalía para convertirse en norma.
El porcentaje de delitos esclarecidos es mínimo.
El rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión es escandaloso. Mandamientos judiciales archivados, olvidados o simplemente ignorados.
En materia de robos, la situación es todavía más grave. Las carpetas se acumulan, las víctimas se cansan y los delincuentes reinciden.
A este escenario se suma un cáncer institucional que nadie quiso erradicar: la corrupción que terminó por contaminar a la corporación.
No se trata de hechos aislados, sino de un deterioro sistemático tolerado durante años, que desarticuló cualquier intento serio de investigación.
Ese desorden no fue casual. Es herencia directa de una gestión que privilegió la estadística, la simulación y el control político sobre la eficacia policial.
La Fiscalía fue convertida en una oficina administrativa sin dientes, bajo el mando del exfiscal Irving Barrios Mojica, cuya gestión dejó una institución debilitada, rebasada y desprestigiada.
Hoy, recomponer y rescatar a la Policía Investigadora no es una opción: es una urgencia institucional.
El fiscal Eduardo Govea Orozco tiene ante sí una responsabilidad mayúscula.
Fortalecer a la Policía Investigadora implica depurar, capacitar en campo, recuperar el mando operativo y devolverle el oficio a la investigación.
Porque sin una policía eficiente, profesional y honesta, no hay procuración de justicia posible.
Y sin justicia, el Estado no gobierna: abdica.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
