Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Como otras tantas veces, el árbitro electoral volvió a hablar. Y , también, igual que antes habló para no decir nada que incomode a quienes ya se adelantaron en la carrera rumbo a la elección del 2027.
Las recientes declaraciones del consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, son más de lo mismo.
Repitió su postura timorata frente a la violación abierta y reiterada de la ley electoral: Que si no hay denuncia el instituto no puede actuar de oficio.
Es un patrón. Un modo de actuar que se repite proceso tras proceso y que deja al descubierto a una autoridad más cómoda en el discurso que en la acción.
Lo que dijo Ramos Charre no fue una advertencia firme ni un recordatorio de consecuencias. Fue apenas un llamado tibio, casi paternal, dirigido a los partidos políticos para que “pongan orden” entre sus militantes.
Como si la vigilancia del proceso electoral fuera una tarea doméstica que pudiera delegarse. Como si la responsabilidad constitucional del árbitro pudiera transferirse sin rubor.
Ramos Charre insiste en que no se trata de impedir la promoción personal, sino de advertir que se puede incurrir en una zona de infracción. El problema es que esa zona ya fue cruzada hace tiempo.
Los actos anticipados de campaña no son una hipótesis ni una interpretación forzada. Están a la vista de todos, desplegados en espectaculares, bardas y mensajes cuidadosamente diseñados para parecer otra cosa.
Mientras la autoridad reflexiona sobre calendarios y tiempos, en la calle la propaganda corre sin freno.
El presidente del IETAM habla de respeto al electorado, de equidad y de reglas del juego. Pero esas palabras pierden peso cuando no van acompañadas de decisiones concretas.
Porque el respeto no se predica: se garantiza. Y la equidad no se invoca: se protege.
Una vez más, Ramos Charre se refugia en el viejo argumento de que el instituto no puede actuar de oficio. Un pretexto que ya huele a excusa institucionalizada.
Cuando la violación es pública, reiterada y evidente, la inacción deja de ser prudencia jurídica y empieza a parecer complicidad pasiva.
El mejor ejemplo está en Ciudad Victoria. Juan José Salazar, conocido como “Juanjo”, sigue montado en su estrategia de promoción personal descarada, persistente y cuidadosamente maquillada.
Panorámicos con mensajes claramente electorales disfrazados de entrevistas. Publicaciones en medios de mínima circulación alquilados para simular cobertura periodística. Todo perfectamente calculado.
Nada de esto ocurre en la clandestinidad. Nada se hace en secreto. Todo está documentado, visible y normalizado.
Y aun así, el árbitro electoral prefiere mirar hacia otro lado y pedir a los partidos que se autocontengan.
La ley electoral no está diseñada para sugerencias ni exhortos de buena fe. Está hecha para aplicarse, y cuando
no se aplica, el mensaje es devastador: quien se adelanta, gana ventaja; quien respeta las reglas, se queda atrás.
Así se erosiona la equidad, se distorsiona la competencia y se vacía de sentido el proceso democrático antes de que siquiera comience.
El IETAM no está para administrar silencios ni para justificar omisiones. Está para poner orden, incluso cuando eso incomoda.
Cada llamado tibio fortalece a los adelantados. Cada omisión debilita a la institución.
Y mientras el árbitro insiste en no poder actuar, los más acelerados ya recorren la pista sin sanción, sin freno y sin vergüenza.
Al final, no será la falta de reglas lo que dañe la elección de 2027, sino la falta de voluntad para hacerlas valer.
¿O no cree usted?
EL RESTO.- En el Congreso del Estado decidieron, ¡oootra vez! Darle largas a la designación del próximo fiscal anticorrupción.
Bajo el pretexto de que no han llegado los resultados de control de confianza a que fueron sometidos los tres candidatos, los diputados decidieron aplazar la elección.
De cualquier forma ya sabemos que el fiscal anticorrupción será Andres García Repper Favila.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
