Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
La carretera Rumbo Nuevo está a semanas de iniciar una nueva etapa. Antes de que termine febrero comenzará a operar como vía de cuota, un cambio que, aunque anunciado con antelación, no deja de generar inquietud entre la sociedad.
La información oficial señala que los vehículos ligeros pagarán alrededor de 60 pesos por recorrido, mientras que el cobro al transporte pesado dependerá del número de ejes. El esquema, en términos administrativos, está prácticamente definido.
El debate, sin embargo, no está en las tarifas. Está en el fondo de la decisión.
Rumbo Nuevo no es una autopista nueva ni una obra construida bajo un esquema de inversión privada. Es una carretera existente, financiada con recursos públicos, que ahora será concesionada para su operación y mantenimiento.
Ese dato explica por qué la medida despierta más dudas que entusiasmo. Para muchos usuarios, el cobro no se percibe como una mejora, sino como un cambio de reglas a mitad del camino.
El gobierno estatal ha defendido la concesión bajo el argumento de que permitirá un mantenimiento permanente y, con ello, mayor seguridad para quienes transitan por la sierra. Es una justificación lógica, pero no del todo convincente.
La experiencia de los últimos años muestra que los accidentes en Rumbo Nuevo no han tenido como causa principal el mal estado de la carretera, sino la falta de vigilancia efectiva y el uso irresponsable de la vía, sobre todo por parte del transporte de carga.
Un mejor mantenimiento ayuda, sin duda. Pero no sustituye a la presencia policial ni corrige, por sí solo, los excesos de velocidad que se han vuelto una constante.
Ahí surge la primera interrogante legítima: ¿el cobro vendrá acompañado de una estrategia integral de seguridad o solo de un nuevo sistema de recaudación?
La segunda preocupación es jurídica. Resulta previsible que se presenten recursos legales por parte de quienes consideran inconstitucional cobrar por una obra ya construida con dinero público.
La posibilidad de una cascada de amparos no es una exageración. Es una consecuencia natural cuando una decisión de este tipo no logra consenso social previo.
El reto para la autoridad será sostener legalmente el modelo y, al mismo tiempo, evitar que el conflicto se prolongue en tribunales, generando incertidumbre para los usuarios.
En el plano social, el impacto será desigual. Aunque se anunció la exención de pago para cinco ejidos de Jaumave, así como para maestros, médicos y profesionistas que se trasladan por razones laborales, la realidad es más amplia.
Habitantes de municipios como Tula, Miquihuana y Palmillas dependen diariamente de esa vía y no todos encajan en los supuestos de excepción.
Para ellos, pagar o no pagar no es una decisión cómoda. Es una carga adicional que se suma a economías ya presionadas.
La alternativa, la carretera libre Victoria–Tula, tampoco ofrece tranquilidad. Su estado es deficiente, lo cual aumenta su peligrosidad natural y, hasta ahora, no hay anuncios claros sobre su rehabilitación.
Además, al tratarse de una vía federal, su mantenimiento depende de decisiones presupuestales que no siempre llegan con oportunidad ni con suficiencia.
El escenario, entonces, es complejo: una carretera de cuota cuestionada, una vía libre deteriorada y una población que no tiene muchas opciones reales.
Nada de esto invalida, por completo, la lógica del gobierno. Mantener una carretera serrana es costoso y requiere inversión constante. El problema está en cómo se instrumenta la solución.
La comunicación ha sido técnica, pero poco empática. Se ha hablado de tarifas y concesiones, pero menos de impactos cotidianos y de cómo se atenderán los casos que inevitablemente quedarán fuera de los esquemas previstos.
Rumbo Nuevo podría convertirse en un ejemplo de modernización vial o en un nuevo foco de inconformidad regional. Todo dependerá de la capacidad del gobierno para ajustar, corregir y escuchar.
La cuota, por sí sola, no garantiza seguridad ni orden. Lo que lo hará será una combinación de mantenimiento, vigilancia real y sensibilidad social.
Si eso no ocurre, el cobro será visto no como una solución, sino como un problema añadido.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
