Por Redacción Noticentro.mx
Seis de cada 10 recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas no son cumplidas por los servidores públicos a quienes van dirigidas.
La presidenta del organismo garante de la dignidad de los tamaulipecos, Tayde Garza Guerra, admitió a Noticentro.mx que se trata de un tema preocupante para el cual se están buscando alternativas de solución.
Explicó que muchas veces el problema radica en que una recomendación va dirigida a diversas autoridades y con que una de ellas no la atienda todas caen en incumplimiento.
La ley prevé que cuando un servidor público incumple una recomendación, el Congreso del Estado puede citarlo a comparecer para que explique sus razones.
“Sin embargo, es un instrumento legal que no se ha utilizado, pero seguramente lo vamos a hacer” dijo.
En el mismo contexto, informó que durante el año pasado se incrementó en un 70 por ciento el número de recomendaciones emitidas por la Codhet.
Las cifras precisas de recomendaciones, funcionarios involucrados, y quejas acumuladas durante el 2025, serán dadas a conocer en el informe anual de la Codhet que se debe entregar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a más tardar el 30 de enero.
“El aumento en recomendaciones es muy grande y es producto del esfuerzo del personal de la Comisión” mencionó , al recordar que este año la Codhet cumplirá 35 años de su fundación.
Reconoció que uno de los retos de la Comisión es ganar credibilidad de la sociedad, porque eso permitirá que los ciudadanos tengan confianza en acudir a denunciar los abusos que sufran por parte de servidores públicos.
“La Codhet ha estado siendo más activa en su tarea, pronunciándose sobre problemáticas o hechos que ofenden a la sociedad. Además, estamos dando acompañamiento a asociaciones de la sociedad civil, como los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas” indicó.
Por otra parte, Garza Guerra anunció que el organismo está impulsando una reforma a su ley para incorporar temas como la mediación, que es una herramienta importante para solucionar por esa vía conflictos entre ciudadanos y autoridades.
Además, se propondrá la creación de una dirección jurídica.
