Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tamaulipas podría contar con una Ley de Salud Mental que obligaría al Estado a garantizar atención integral, continua y digna a todas las personas que padezcan trastornos emocionales o psicológicos, reconociendo la salud mental como un derecho humano fundamental.
Lo anterior, en caso de aprobarse una iniciativa de decreto presentada por diputados de Morena.
La legislación propuesta establece las bases para la promoción, prevención, atención y recuperación en materia de salud mental, con un enfoque de dignidad, inclusión y respeto a los derechos humanos. Su propósito es asegurar que toda persona tenga acceso al más alto nivel posible de bienestar psicológico, sin discriminación.
El proyecto contempla que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute un Programa Estatal de Salud Mental, en coordinación con los sectores educativo, laboral, social y de seguridad pública, para integrar los servicios en todos los niveles de atención.
Uno de los ejes centrales sería la creación de redes de apoyo comunitario y servicios de intervención en crisis, que incluirán líneas telefónicas, plataformas digitales, videollamadas y centros de día para ofrecer orientación psicológica inmediata, sin importar la ubicación del usuario.
La ley también ordenaría que los tratamientos de salud mental se realicen con base en el consentimiento informado de la persona, salvo en casos de emergencia médica debidamente justificada, y garantiza la confidencialidad de la información médica.
Entre las medidas más relevantes figura la capacitación obligatoria del personal público en primeros auxilios psicológicos y atención empática, especialmente en los sectores de educación, salud, seguridad y justicia.
Además, se instruye a los centros de trabajo a promover entornos libres de violencia y estrés, mientras que las escuelas deberán incluir contenidos sobre salud mental, autocuidado y resiliencia en sus planes de estudio.
El documento crea el Consejo Estatal de Salud Mental, órgano encargado de coordinar y evaluar las políticas públicas en la materia, con participación de dependencias estatales, universidades y organizaciones sociales.
También se prevé la formación del Observatorio Estatal de Salud Mental, que dará seguimiento a los programas y garantizará la transparencia en el uso de los recursos públicos.
