Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Una iniciativa promovida por diputados de Morena obligaría a la Secretaría de Educación de Tamaulipas a garantizar la reinserción escolar de menores infractores de la ley, mediante la coordinación con el Sistema DIF Estatal y las instituciones competentes en materia de justicia para adolescentes.
El proyecto propone adicionar un artículo 44 Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, con el objetivo de establecer mecanismos formales que permitan el regreso de los adolescentes al sistema educativo una vez concluido su proceso judicial o durante su cumplimiento, fortaleciendo su desarrollo integral y previniendo la reincidencia.
De acuerdo con la exposición de motivos, la educación es una herramienta clave para la reintegración social y la prevención de la violencia, pues ofrece a los jóvenes oportunidades de aprendizaje, estabilidad y desarrollo personal en lugar de la marginación y el estigma.
El documento fue presentado por el diputado Francisco Adrián Cruz Martínez, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien argumenta que la falta de políticas de reinserción educativa agrava la exclusión social y limita las posibilidades de recuperación de los adolescentes en conflicto con la ley.
Según datos del INEGI, a nivel nacional en 2023 se registraron 31 mil 100 adolescentes investigados por el Ministerio Público dentro del sistema de justicia penal, lo que representa un aumento del 11.5 por ciento respecto al año anterior. La cifra, según el legislador, demuestra la necesidad de abordar el fenómeno desde la educación, no solo desde la sanción.
La iniciativa plantea que la Secretaría de Educación, el DIF Estatal y las autoridades judiciales coordinen acciones para garantizar la continuidad educativa de los jóvenes, adaptando los programas académicos a sus condiciones particulares y asegurando acompañamiento psicológico y social.
El nuevo artículo dispone que las instituciones deberán actuar “en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la disponibilidad presupuestal existente”, dejando asentada una obligación permanente del Estado de Tamaulipas en materia de educación inclusiva.
