Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA
Desaparecer se ha vuelto una tragedia persistente en muchos estados del país, entre ellos Tamaulipas. Más de 13 mil personas permanecen sin ser localizadas en nuestra entidad, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Detrás de cada cifra hay un rostro, una historia y una familia que no se resigna. Es un drama humano que se ha extendido, sin distinguir edades, municipios ni condiciones sociales.
El fenómeno se ha agravado con especial intensidad en los últimos meses, convirtiéndose en una crisis que demanda respuestas urgentes. Tamaulipas figura entre los tres estados con mayor número de desapariciones del país, y aunque las cifras son frías, cada caso representa una herida abierta en el tejido social.
Las víctimas, en su mayoría, son jóvenes entre 15 y 35 años. Hombres y mujeres que salieron de casa para estudiar, trabajar o reunirse con amigos, y nunca regresaron. Esa realidad exige una estrategia integral de los tres órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal— enfocada, primero, en la prevención.
Prevenir significa advertir a la población sobre los riesgos reales. Es indispensable que las autoridades emitan alertas, orienten a las familias y promuevan medidas de autoprotección. Sin embargo, esa práctica ha sido escasa, quizás porque muchos funcionarios temen que alertar sea interpretado como un reconocimiento de incapacidad. A estas alturas, ese temor es irrelevante. Lo importante es salvar vidas.
La sociedad tiene derecho a saber en qué lugares, circunstancias o horarios se registran mayores riesgos. Callar por cálculo político solo agrava la tragedia. Prevenir no es signo de debilidad institucional; es un acto de responsabilidad y de humanidad.
La siguiente tarea debe ser el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, para entender por qué desaparecen las personas y cómo enfrentarlo. Cada vez hay más víctimas inocentes, sin relación con el crimen, que son privadas de la libertad para ser reclutadas o explotadas. No se puede combatir lo que no se entiende, ni entender lo que no se investiga con rigor.
En este contexto, resulta urgente fortalecer las Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dotándolas de presupuesto suficiente, personal capacitado y tecnología moderna. No basta la buena voluntad; se requiere infraestructura, coordinación y resultados.
Las comisiones deben tener acceso a sistemas de geolocalización, drones, bases de datos interconectadas y unidades móviles para búsqueda inmediata. Cada minuto cuenta, y cada minuto perdido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Además, los protocolos de búsqueda deben actualizarse para eliminar los plazos de espera. No se puede permitir que transcurran 24 o 48 horas antes de comenzar una investigación. Cuando alguien desaparece, la respuesta del Estado debe ser inmediata, coordinada y contundente.
Tamaulipas necesita un sistema de reacción temprana, con mecanismos que involucren a las familias, las autoridades y la sociedad civil. No se trata solo de buscar a los que faltan, sino de evitar que otros desaparezcan.
El enfoque debe ser integral: prevención, contención e investigación. No basta con desplegar más patrullas o emitir más comunicados; se requiere estrategia, inteligencia y sensibilidad.
Los gobiernos, en todos sus niveles, deben asumir que enfrentar este problema es una cuestión de Estado y de dignidad humana. Las desapariciones no se combaten con discursos, sino con políticas públicas sólidas, presupuestos reales y protocolos eficientes.
La ciudadanía también tiene un papel que desempeñar: cuidar, informar, solidarizarse. Nadie está exento. La desaparición no distingue y, por lo mismo, debe unirnos en la exigencia de verdad y justicia.
Tamaulipas no puede acostumbrarse a la ausencia. La prevención, la búsqueda y la verdad son tres caminos que deben recorrerse al mismo tiempo. Si los gobiernos actúan con decisión y la sociedad mantiene su voz firme, todavía es posible recuperar la esperanza y, sobre todo, devolver a casa a quienes hoy faltan.
ASI ANDAN LAS COSAS.
