Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Quienes promuevan o glorifiquen conductas delictivas a través de redes sociales, medios digitales o expresiones como los narcocorridos, podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión, de aprobarse una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado para reformar el Código Penal de Tamaulipas.
La propuesta, impulsada por el diputado de Morena, Marcelo Abundiz Ramírez , busca actualizar el artículo 202 relativo a la provocación a un delito y apología de éste o de algún vicio, con el fin de adaptar la legislación a la era digital, donde la difusión de mensajes que exaltan la violencia o el crimen se ha vuelto más frecuente.
El proyecto plantea sancionar con seis meses a siete años de prisión y multas de 50 a 300 UMA a toda persona que, mediante redes sociales, medios digitales o cualquier forma de difusión pública, provoque o haga apología de delitos o vicios.
La apología se considerará pública cuando se realice en espacios accesibles a un número indeterminado de personas o mediante medios de comunicación que faciliten la difusión masiva de información.
Además, cuando la conducta sea cometida por un servidor público, la pena aumentará en un tercio más e incluirá la posibilidad de inhabilitación del cargo.
Si el delito incitado no llega a ejecutarse, la sanción se aplicará por la provocación o apología en sí misma. En caso de consumarse, el responsable será castigado como partícipe directo del delito.
Aunque el texto no lo menciona expresamente, la iniciativa podría alcanzar también a quienes interpreten o difundan “narcocorridos” u otras producciones que glorifiquen la delincuencia o promuevan la violencia.
En su exposición de motivos, Abundiz Ramírez afirmó que la reforma busca prevenir la incitación al delito sin restringir la libertad de expresión, garantizando que este derecho se ejerza de manera responsable y sin vulnerar los derechos de terceros.
El legislador advirtió que la falta de actualización del Código Penal deja vacíos legales frente a mensajes que normalizan o celebran la criminalidad, especialmente en plataformas digitales y artísticas.
También coincidió en la necesidad de que la Fiscalía General de Justicia del Estado emita una opinión técnica para verificar la constitucionalidad del nuevo tipo penal y su correcta aplicación.
La iniciativa toma como referencia los códigos penales de Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Tabasco, San Luis Potosí y Nayarit, entidades que ya contemplan sanciones similares.
