Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tamaulipas podría contar por primera vez con una ley específica que reconozca, proteja y garantice los derechos de las personas mayores, bajo un enfoque de dignidad, autonomía y participación social.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley Reglamentaria de los Derechos de las Personas Mayores, que sustituiría la visión asistencialista por un modelo de derechos humanos.
La legisladora señaló que el envejecimiento de la población es un fenómeno en crecimiento que exige respuestas institucionales más sólidas. Cada año —dijo— aumenta el número de personas mayores que enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud, cuidado, inclusión digital y entornos seguros.
“El objetivo es que las personas mayores sean reconocidas como sujetos plenos de derechos, no como beneficiarios de programas asistenciales”, enfatizó Guillén Vicente desde tribuna, al subrayar que la vejez debe asumirse con dignidad y participación.
La iniciativa plantea la creación del Sistema Estatal de los Derechos de las Personas Mayores, encargado de coordinar acciones entre el Estado, los municipios y la sociedad civil, así como un Observatorio Estatal de Envejecimiento y Derechos Humanos que evalúe las políticas públicas y promueva la transparencia.
El proyecto define principios rectores como la dignidad humana, la no discriminación, la solidaridad intergeneracional y la autonomía personal. También reconoce el derecho al cuidado, tanto para quienes lo reciben como para quienes lo brindan, e impulsa la formación de cuidadores con perspectiva de género y derechos humanos.
Entre sus disposiciones, la ley establece que ninguna persona mayor podrá ser institucionalizada sin su consentimiento libre e informado, y garantiza acceso prioritario a servicios médicos, programas de salud mental, prevención del aislamiento y participación cultural y laboral.
Asimismo, contempla incentivos fiscales para empresas que contraten adultos mayores, acceso gratuito a medicamentos esenciales, y la creación de unidades especializadas en justicia con enfoque gerontológico.
Guillén Vicente destacó que la iniciativa busca un cambio de paradigma: “Cuidar a las personas mayores no es un acto de caridad, sino una obligación ética y jurídica. Cada derecho que se les reconozca hoy será el mismo que nos protegerá mañana”, expresó.
El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y dictamen.
