Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado analiza una iniciativa que busca eliminar el rango obligatorio de entre 30 y 50 por ciento del salario del deudor alimentario como base para fijar pensiones alimenticias en Tamaulipas, y sustituirlo por un criterio flexible que permita a los jueces determinar los montos conforme a las circunstancias económicas y familiares de cada caso.
La propuesta fue presentada por el diputado, Víctor Manuel García Fuentes, del grupo parlamentario de Morena, quien plantea reformar el artículo 288 del Código Civil y el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de armonizar la legislación local con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De aprobarse, los jueces dejarían de estar sujetos al esquema aritmético que actualmente obliga a fijar la pensión en un porcentaje preestablecido del ingreso del deudor, lo cual —según el legislador— ha generado decisiones injustas, desproporcionadas o de difícil cumplimiento.
La iniciativa establece que, en adelante, la cuantificación de los alimentos deberá sustentarse en los principios de proporcionalidad y equidad, considerando tanto las necesidades reales del acreedor alimentario como la capacidad económica efectiva del deudor.
García Fuentes argumentó que la regla vigente, basada en un porcentaje fijo, “limita la libertad del juez para individualizar cada caso y vulnera el principio de proporcionalidad”, al impedir que se valoren elementos como el número de dependientes, el costo de vida o los ingresos reales del obligado.
Al respecto, citó diversos criterios de la SCJN, entre ellos la jurisprudencia 1a./J.97/2023, que señala que no es constitucional imponer criterios matemáticos rígidos para fijar pensiones alimenticias, porque pueden generar resultados inequitativos tanto para quien recibe como para quien paga los alimentos.
De acuerdo con la propuesta, los jueces deberán basar sus decisiones en información actualizada y verificable —como estados de cuenta, declaraciones fiscales, propiedades o flujos de ingresos— y podrán ordenar la obtención de esos datos de oficio, para conocer la verdadera capacidad económica del deudor.
El nuevo modelo pretende hacer más justas y sostenibles las resoluciones judiciales, evitando pensiones insuficientes en zonas de alto costo de vida, o montos excesivos que pongan en riesgo la subsistencia del obligado y, con ello, la continuidad del cumplimiento alimentario.
