Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El grupo parlamentario del PAN impulsa una iniciativa para que
el feminicidio sea castigado con mayor rigor cuando la víctima esté embarazada, viva en situación de calle o sea víctima de trata de personas.
La diputada Marina Edith Ramírez Andrade, quien llevó la propuesta ante el Pleno Legislativo, explicó que la finalidad es fortalecer la tipificación del delito de feminicidio en la legislación estatal, reconociendo los contextos de vulnerabilidad en que suelen cometerse estos crímenes.
Además, se busca armonizar el Código Penal de Tamaulipas con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género.
Ramírez Andrade explicó que la propuesta adiciona tres fracciones al artículo 337 Bis del Código Penal del Estado, para incluir como razones de género las circunstancias mencionadas, que —dijo— colocan a las mujeres en una situación estructural de desventaja frente a la violencia. “Son contextos que agravan el riesgo y exigen un marco legal más sensible y protector”, sostuvo.
Durante la exposición de motivos, la legisladora panista advirtió que, en Tamaulipas cada año se reportan entre 20 y 30 feminicidios, principalmente en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, aunque muchos otros no son reconocidos oficialmente como tales.
Aclaró que el objetivo de la reforma no es aumentar las penas ni crear nuevos delitos, sino fortalecer la definición legal del feminicidio para garantizar investigaciones más efectivas y evitar la impunidad.
“Cada homicidio de una mujer debe entenderse dentro de su contexto social. No todas las víctimas parten de las mismas condiciones de seguridad o protección”, apuntó.
Ramírez Andrade destacó que, en el caso de las mujeres sometidas a redes de trata, su asesinato representa la forma más extrema de violencia estructural. En tanto, las mujeres que viven en la calle o que se dedican a actividades de riesgo enfrentan marginación, discriminación y agresiones constantes, mientras que el embarazo representa una condición biológica y social de alta vulnerabilidad que debe reconocerse legalmente.
