Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
A pesar de las condiciones de inseguridad prevalecientes y los grandes rezagos en el sistema de justicia, los gobiernos siguen regateándole el presupuesto a la procuración e implementación de justicia, denunció la organización no gubernamental México Evalúa.
El golpe no solo se resentirá a nivel federal. México Evalúa advirtió que los estados —que cargan con la mayor parte de los casos por resolver— también sufrirán los efectos de un presupuesto limitado, pues dependen en gran medida de la orientación que marca la federación.
De acuerdo con su análisis del Paquete Económico 2026, la justicia recibirá apenas 1.06% del Presupuesto de Egresos de la Federación, una cifra mínima frente a las necesidades del país y que contrasta con el gasto en otras áreas como la defensa militar.
El monto, de poco menos de 108.2 mil millones de pesos, deberá repartirse entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial Federal y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
En contraste, la Secretaría de la Defensa Nacional contará con una bolsa de 170.7 mil millones de pesos, es decir, 1.68% del presupuesto federal, lo que refleja la preferencia del gobierno por el gasto militar sobre la impartición de justicia.
Aunque el Poder Judicial tendrá un aumento de 17.02% respecto a 2025, la FGR y la CEAV prácticamente quedarán estancadas, con crecimientos reales de apenas 1.12% y 1.16%, respectivamente.
México Evalúa advirtió que esto mantendrá a dichas instituciones en condiciones precarias, sin personal, infraestructura ni materiales suficientes para atender a la ciudadanía.
El organismo señaló que la llamada “austeridad republicana” se ha convertido en empobrecimiento: en vez de recortar lujos, se está eliminando lo esencial, con graves consecuencias en la operación del sistema de justicia.
La situación se agrava en el ámbito local, donde ministerios públicos, jueces y defensores trabajan con sueldos menores a 8 mil pesos mensuales, cargas de cientos de expedientes y oficinas con carencias básicas como papel, impresoras o espacios adecuados para víctimas.
Además, la reciente elección judicial absorbió 13 mil millones de pesos, equivalente al 12.02% de lo programado en 2026 para las instituciones de justicia federal, sin que se hayan previsto recursos para liquidaciones o indemnizaciones de los funcionarios desplazados.
“¿Cómo exigir calidad a operadores de justicia mal pagados, saturados de trabajo y sin condiciones dignas para laborar? Esa precariedad solo abona a la corrupción”, cuestionó la ONG.
México Evalúa propone en su lugar auditar el gasto, crear órganos de vigilancia, mejorar la transparencia en las compras de gobierno y utilizar la tecnología para combatir la corrupción.
“El empobrecimiento de la justicia abre la puerta a que los conflictos sociales no resueltos terminen siendo gestionados por militares. Tal vez ese sea el verdadero objetivo: más militarización”, concluyó la organización.
