Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) reabrirá para una segunda revisión las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2017 y 2018 de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud de Tamaulipas, ante la presunción de que la fiscalización inicial fue limitada y deficiente, con la aparente intención de encubrir hechos de corrupción por un monto cercano a los 344 millones de pesos.
La determinación fue aprobada, por mayoría de votos, en la Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Denuncias por presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud durante la administración pública estatal 2016-2021 que encabezó el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
El acuerdo se sustentó en un informe del actual Auditor Superior, Francisco Noriega Orozco, quien al responder a una solicitud de información de la misma comisión, confirmó tener conocimiento de ocho denuncias penales promovidas por la propia Secretaría de Salud ante la Fiscalía Anticorrupción. Dichas denuncias señalan irregularidades en contratos de proveeduría por un total de 343 millones 966 mil pesos.
Noriega detalló que, al revisar los informes de fiscalización de 2016 a 2021, la anterior Auditoría Superior, encabezada por Jorge Espino Ascanio, no detectó las anomalías que hoy forman parte de las denuncias penales correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018.
Ante ese panorama, el diputado morenista, Víctor García Fuentes, propuso instruir a la ASE la reapertura de dichas cuentas públicas, argumentando que la primera revisión careció de rigor técnico.
“Se advierte que la fiscalización fue limitada y deficiente. Dado que el anterior Auditor (Jorge Espino Ascanio) mantenía cercanía con el gobernador en turno, pudo haber influido para que no se realizara una
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auditoría a fondo. Como consecuencia, quedaron vacíos legales que impidieron detectar las irregularidades que ahora se investigan”, señaló.
El legislador añadió que la reapertura permitirá a la Auditoría Superior del Estado practicar una investigación exhaustiva y, en su caso, promover responsabilidades penales y administrativas contra quienes resulten involucrados.
Asimismo, destacó que el procedimiento contribuirá a esclarecer los hechos y establecer medidas correctivas y preventivas que eviten la repetición de prácticas ilícitas en el manejo de los recursos públicos.
En paralelo, la Diputación Permanente aprobó este miércoles la incorporación de la diputada de Morena, Magaly Guillermina Deandar Robinson, a la Comisión Especial, a propuesta de la Junta de Gobierno.
