Por Rogelio Rodríguez Mendoza
La difusión de imágenes o videos de crueldad animal en redes sociales podría castigarse en Tamaulipas con penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 500 a mil días, en caso de prosperar una iniciativa presentada en el Congreso local por legisladores de Movimiento Ciudadano.
La propuesta busca cerrar un vacío legal en el Código Penal del Estado, que sanciona el maltrato directo contra los animales, pero no contempla como delito la reproducción o viralización de este tipo de contenidos en plataformas digitales.
Los diputados promoventes advierten que, al no existir una prohibición expresa, las redes sociales se han convertido en un escenario para explotar el sufrimiento animal, transformando la violencia en espectáculo y, en muchos casos, en negocio.
De aprobarse, la reforma agregaría una fracción IX al artículo 468 y un nuevo artículo 470 Bis al Código Penal. Ahí se establecen como delitos la difusión, producción, grabación, almacenamiento y posesión de material audiovisual donde se representen actos de crueldad o maltrato animal.
La sanción se agravaría hasta en una mitad cuando los responsables obtengan lucro o notoriedad a cambio de difundir el contenido, o bien, cuando los animales pierdan la vida como consecuencia de los actos de crueldad.
La iniciativa exceptúa de responsabilidad a materiales con fines periodísticos, educativos o judiciales, siempre que se difuminen o editen las imágenes para evitar la exposición directa del maltrato y la revictimización de los animales.
Un aspecto novedoso es que obliga a las plataformas digitales y medios de comunicación a retirar de inmediato los materiales de crueldad animal que lleguen a difundir. El retiro no eximiría de sanción a quien haya producido o compartido el contenido.
Los promoventes recuerdan que la difusión de violencia contra animales no es un fenómeno aislado. Citan un estudio internacional que detectó en seis semanas más de mil enlaces con supuestos “rescates” de animales, que en realidad eran montajes crueles, acumulando más de 572 millones de visualizaciones.
También mencionan casos recientes en México que conmocionaron a la opinión pública, como el del perro arrojado a un cazo de aceite en Tecámac, Estado de México, o el video viral en García, Nuevo León, donde dos menores degollaron a cachorros en un supuesto ritual.
El documento advierte que la viralización no solo prolonga simbólicamente el sufrimiento animal, sino que también insensibiliza a la sociedad y normaliza conductas violentas. Además, fomenta prácticas fraudulentas como la solicitud de donaciones bajo el falso pretexto de “rescatar” animales.
En comparación internacional, señalan que países como Reino Unido, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea ya regulan este tipo de contenidos con sanciones severas, obligando a las plataformas a actuar de manera inmediata ante publicaciones de crueldad animal.
Los legisladores subrayan que el objetivo de la iniciativa es evitar que el dolor y la vulnerabilidad de los animales se convierta en un espectáculo digital. También, encauzar adecuadamente las denuncias ciudadanas: grabar sí, pero entregar el material a las autoridades, para que se traduzca en sanciones reales y no solo en likes.
