Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Tamaulipas, para que investigue la actuación de los jueces de control, Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados, adscritos a Reynosa, por resoluciones que modificaron medidas cautelares en casos de extorsión.
La propuesta fue presentada por el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, quien advirtió que dichas resoluciones redujeron las medidas cautelares y permitieron que imputados por delitos graves quedaran en libertad.
En su exposición, el legislador señaló que el objetivo es salvaguardar el Estado de derecho, la seguridad pública y los derechos de las víctimas, ya que las decisiones judiciales en cuestión habrían generado un riesgo latente para la población y la economía local.
Uno de los casos, identificado con el número 025/2025, involucra a cuatro personas detenidas por extorsión agravada y posesión simple. El 2 de agosto pasado, el juez Aldo René Rocha Sánchez revocó la prisión preventiva y la sustituyó por presentación periódica, garantía económica mínima y restricción para salir del país o acercarse a la víctima.
El segundo expediente, con número 028/2025 y causa penal 119/2025, refiere la detención de dos personas por extorsión agravada en perjuicio de empresas de Reynosa. El 12 de junio, el juez Ariel Luna Casados revocó la prisión preventiva y aplicó únicamente restricciones de acercamiento y concurrencia.
Prieto Herrera subrayó que la extorsión, especialmente bajo la modalidad de “cobro de piso”, es un delito de alto impacto que inhibe la actividad productiva y genera un clima de temor que frena el desarrollo económico y social.
Advirtió que, aunque las normas procesales permiten modificar medidas cautelares, estas deben aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, ponderando siempre el riesgo real para las víctimas y la sociedad.
A través de un exhorto, aprobado con dispensa de turno a comisiones y por unanimidad de votos de los integrantes de la Diputación Permanente, el Congreso pide al Consejo de la Judicatura investigar los casos y, en su caso, imponer sanciones administrativas y disciplinarias a los jueces involucrados.
Además, solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado coadyuvar en la investigación.
