Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tamaulipas se encuentra entre las entidades del país donde la extorsión presenta una tendencia al alza, lo que enciende las alertas ante la posibilidad de un deterioro en las condiciones de seguridad si no se refuerza la capacidad institucional de respuesta, advirtió la organización México Evalúa.
De acuerdo con su informe Violencia y Pacificación, aunque el estado aún se ubica por debajo del promedio nacional en la tasa de extorsión por cada 100 mil habitantes, el comportamiento ascendente del delito lo coloca en una zona de riesgo latente.
Junto a Tamaulipas, entidades como Coahuila, Puebla y Chiapas comparten el mismo patrón: cifras que no suenan escandalosas, pero cuya evolución apunta hacia una intensificación del fenómeno si no se toman medidas preventivas de fondo.
El estudio advierte que uno de los factores que facilita la expansión de la extorsión es la ausencia del Estado en el territorio, lo que permite a los grupos criminales imponer cuotas con escasa o nula resistencia. Esto es particularmente preocupante en municipios donde la presencia de fuerzas de seguridad es débil o fragmentada.
México Evalúa reconoce que la estrategia federal contra la extorsión impulsada por el Gobierno de la República representa un avance, pero señala que está centrada en su modalidad telefónica, descuidando la extorsión directa o territorial, la cual es más frecuente en regiones con alta conflictividad o presencia criminal arraigada.
Entre los aciertos del plan federal destaca la persecución de oficio del delito, el congelamiento de cuentas vinculadas a llamadas de extorsión y los operativos en centros penitenciarios. Sin embargo, el énfasis en el componente remoto del delito deja fuera la dimensión física, que es la que padecen comercios, transportistas y ciudadanos a pie de calle.
En ese sentido, México Evalúa plantea la necesidad de reforzar la estrategia con acciones específicas para contener la extorsión directa. Entre ellas, el aumento de presencia policial municipal, la mejora de sus condiciones laborales, la conformación de unidades antiextorsión con enfoque territorial, y la generación de una línea base de datos sobre el delito.
La organización también recomienda intervenir zonas prioritarias con dispositivos de seguridad perimetral —estatales o federales— para apoyar a policías locales frente a grupos con capacidad armada. Asimismo, pide centrar las detenciones en líderes de bandas locales y no solo en cobradores, para romper las cadenas de operación criminal.
En conclusión, el informe llama a no subestimar la amenaza de la extorsión. Más que un delito aislado, representa una puerta de entrada para el control territorial del crimen organizado. Tamaulipas, con su tendencia ascendente, requiere atención inmediata si se quiere evitar que esta práctica erosione aún más la ya frágil percepción de seguridad.
