Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Ley de Turismo que obligan a los prestadores de servicios turísticos a implementar medidas para prevenir y denunciar el turismo sexual infantil.
Con esta modificación, se adicionan dos nuevas fracciones al artículo 72 de la ley, en las que se establecen obligaciones específicas dirigidas a proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes que viajan en compañía de adultos.
Entre los puntos más relevantes de la reforma está la exigencia de que los prestadores de servicios turísticos soliciten documentos que acrediten la relación legal entre el adulto y el menor. En caso de no contar con esa acreditación, se deberá negar el servicio y reportar el hecho a las autoridades.
Asimismo, deberán aplicar protocolos de actuación definidos por las autoridades competentes, tanto en servicios físicos como digitales, para detectar posibles casos de abuso o trata de personas, y actuar de forma inmediata.
La reforma fue presentada por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, quien advirtió que Tamaulipas, por su ubicación estratégica y vocación turística, no está exento de este tipo de delitos. Subrayó que la legislación estatal debía adecuarse a la reforma federal aprobada en abril pasado.
Dicha reforma nacional obliga a los prestadores turísticos a actuar de forma corresponsable, exigiendo documentos, denunciando hechos sospechosos y salvaguardando el interés superior de la niñez, especialmente en destinos con alta movilidad.
La legisladora señaló que este tipo de delitos, aunque muchas veces invisibles, representan una amenaza real para la infancia y una mancha para el sector turístico. “Nuestra niñez merece entornos libres de violencia; el turismo no puede ser un riesgo, debe ser un aliado”, dijo.
El dictamen emitido también contempla que la Secretaría de Turismo de Tamaulipas deberá, en un plazo de 180 días, emitir los protocolos y lineamientos para la correcta aplicación de estas nuevas disposiciones.
La reforma fue respaldada por el resto de los grupos parlamentarios, que coincidieron en la necesidad de cerrar espacios legales que permiten que estos delitos se oculten bajo la apariencia de actividad turística legítima.
Cabe precisar que el dictamen todavía requiere del aval del Pleno Legislativo.
