Por Redacción Noticentro.mx
El empresario Gabriel Hernández Tovar había solicitado protección a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas horas antes de ser asesinado por el crimen organizado en Reynosa, el pasado 16 de julio. A pesar de contar con un amparo federal y estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, las autoridades lo abandonaron.
Cinco días antes del crimen, Gabriel presentó un escrito dirigido a la jueza octava de distrito, Adriana Yolanda Vega Marroquín, en el que advirtió que su vida estaba en riesgo. No recibió respuesta. No se reforzaron las medidas de seguridad. No se le asignó custodia. Fue ejecutado con el amparo en la mano.
Hernández había sido víctima de secuestro en 2021 y desde entonces denunció amenazas. En marzo de este año, la Secretaría General de Gobierno reconoció oficialmente su calidad de víctima y lo incorporó al Registro Estatal.
Sin embargo, una serie de evaluaciones realizadas por la Dirección de Protección de Personas de la Fiscalía concluyeron que el nivel de riesgo era “bajo”, lo que llevó a relajar las medidas de resguardo. La decisión fue firmada por el agente del Ministerio Público Erick Aguilar Hernández y el director del área, Manuel Alejandro Rodríguez Altamirano.
También omitieron actuar el coordinador de ministerios públicos, Mario Castillo Garza, y la fiscal antisecuestros Guadalupe Romo Charles, quienes recibieron alertas puntuales sobre el peligro que enfrentaba la víctima.
La jueza Vega Marroquín tampoco activó medidas cautelares, pese a tener conocimiento del caso y del oficio ingresado el 11 de julio.
Un documento previo firmado por la licenciada Estefanía Zárate Colato establecía que, en caso de riesgo, las medidas de protección debían reforzarse. Nadie obedeció. Nadie respondió.
El homicidio de Gabriel Hernández Tovar ha provocado indignación en sectores sociales y jurídicos, al exhibir una cadena de negligencias que derivó en una ejecución anunciada.
El empresario fue localizado sin vida con impactos de arma de fuego, a bordo de su camioneta abandonada en un canal pluvial de la colonia Jarachina Sur, a escasos metros del Instituto Tecnológico de Reynosa.
Había denunciado ser víctima de extorsión y señaló como presuntos responsables a personas identificadas, entre ellas a Luis Miguel Iglesias. Fue asesinado pese a que contaba con una medida cautelar de protección vigente, misma que no fue activada al momento del ataque.
