Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Como una respuesta inmediata ante el riesgo de agresiones, la diputada Francisca Castro Armenta propuso que las mujeres víctimas de violencia en Tamaulipas puedan acceder a pulseras de pánico como medida de protección prioritaria.
La iniciativa, presentada ante la Diputación Permanente del Congreso del Estado, plantea adicionar una fracción al artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de establecer legalmente el uso de dispositivos electrónicos de alerta o geolocalización.
Castro Armenta, legisladora de Morena, argumentó que la violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres y representa un grave problema de salud pública. A nivel mundial, el 38 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus parejas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud.
En Tamaulipas, la situación es alarmante: solo en 2022 se registraron 42 homicidios dolosos de mujeres. Además, durante un mes reciente, se recibieron 264 llamadas al 911 por violencia contra mujeres; la mayoría provenientes de Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros.
La diputada subrayó que la violencia no termina con el divorcio o la separación. Según datos del INEGI, el 60.5 por ciento de las mujeres separadas o divorciadas en Tamaulipas padecieron violencia durante su relación de pareja, y el 36.4 por ciento continuó siendo agredida después de la ruptura.
De manera específica, se indicó que un 35.1 por ciento de estas mujeres sufrió violencia física, y un 24.2 por ciento, violencia sexual. Estass cifras, dijo la legisladora, “justifican plenamente la implementación de mecanismos electrónicos que garanticen su integridad”.
Las pulseras de pánico permitirían una respuesta inmediata de las autoridades en caso de emergencia, al emitir alertas automáticas y geolocalizar a la víctima, brindando un margen vital de protección ante posibles agresores.
La propuesta busca fortalecer la actuación institucional, evitar feminicidios y romper con la inercia de una violencia que muchas veces no cesa ni siquiera con medidas de alejamiento dictadas por jueces.
Castro Armenta llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar la reforma, argumentando que atender la violencia contra las mujeres no es solo un deber legal, sino un imperativo moral frente a una realidad que no puede seguir normalizándose.
