Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para garantizar un modelo de crianza más justo, equitativo y centrado en los derechos de la infancia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que sustituye la figura de patria potestad por la de responsabilidad parental en el Código Civil de Tamaulipas.
La propuesta fue presentada por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, quien planteó adicionar un Título Séptimo al ordenamiento civil para establecer que madres y padres comparten, en igualdad, el deber de proteger, formar y garantizar el desarrollo integral de sus hijos e hijas.
Según la legisladora, el modelo actual mantiene una visión heredada del derecho romano, en la que el padre ejercía poder absoluto sobre los menores. En contraste, el nuevo concepto se alinea con tratados internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen a la infancia como titular plena de derechos.
La responsabilidad parental se define como un conjunto de deberes que incluyen no solo la manutención, sino también la educación, orientación emocional, participación en decisiones, y respeto al derecho de los menores a ser escuchados conforme a su madurez.
La iniciativa detalla principios como el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, el derecho de los menores a mantener vínculos afectivos con otros familiares, y la corresponsabilidad entre los progenitores, aún en casos de separación o divorcio.
En ese contexto, se incorpora la figura del “plan de parentalidad”, que deberá presentarse ante el juez en casos de cuidado unipersonal, y que debe especificar tiempos de convivencia, responsabilidades compartidas, fechas relevantes y mecanismos de comunicación con ambos padres.
También se contempla la suspensión o pérdida de la responsabilidad parental en casos de abandono, violencia, delitos dolosos contra los menores, o entrega no autorizada en adopción, siempre en atención al interés superior del niño o niña.
La reforma regula además el manejo del patrimonio de los menores. Los padres estarán obligados a proteger sus bienes, rendir cuentas, y abstenerse de realizar actos de disposición sin autorización judicial. Se prohíbe explícitamente el uso de los bienes del menor para beneficio personal.
De esta manera, Tamaulipas busca armonizar su legislación civil con la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, y el marco constitucional mexicano, en el que el derecho familiar ha evolucionado hacia un enfoque de protección integral.
