Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para fortalecer la libre competencia y evitar privilegios fiscales, el Congreso de Tamaulipas analizará una reforma constitucional que prohíba expresamente los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, así como la condonación y exención de impuestos.
La propuesta fue presentada ante la Diputación Permanente por el diputado morenista, Francisco Adrián Cruz Martínez, quien busca adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 18 de la Constitución local, a fin de armonizarla con el artículo 28 de la Carta Magna federal, que ya contempla dichas prohibiciones.
De acuerdo con el legislador, la omisión de este principio en la Constitución estatal limita la capacidad jurídica del gobierno local para combatir prácticas anticompetitivas y distorsiones del mercado, afectando el desarrollo económico justo y la transparencia fiscal.
La reforma también contempla que no podrán otorgarse prohibiciones o protecciones especiales a título de “protección a la industria”, con el fin de garantizar condiciones equitativas para todos los actores económicos, incluidas micro, pequeñas y medianas empresas.
Cruz Martínez citó datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que estiman que la falta de competencia genera pérdidas de entre 1% y 2% del Producto Interno Bruto nacional, además de frenar la innovación, encarecer los productos y reducir la calidad de los servicios.
La iniciativa se alinea con el Plan Estatal de Desarrollo 2023–2028, el cual plantea como prioridad crear un entorno económico competitivo y justo, además de eliminar barreras que obstaculicen la participación equitativa de empresas en el mercado.
De aprobarse, el decreto establecerá como obligación constitucional la prohibición de toda forma de privilegio fiscal o concentración de mercado, con lo cual el Congreso deberá, en un plazo de 180 días, adecuar las leyes secundarias para armonizar el marco normativo local.
La iniciativa propone que el nuevo párrafo quede asentado en el artículo 18, fracción II, junto a la disposición sobre contribución proporcional y equitativa a los gastos públicos, como parte del deber de los habitantes del Estado.
