De este modo, señalaron, se abre la puerta a los datos telefónicos de ciudadanos y registros de catastro, de servicios financieros, de salud y de telecomunicaciones.
Advirtieron también que la Ley de Población convierte a la CURP, con huellas y fotografía de los ciudadanos, en «el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal», incluso para hacer compras en línea y pedidos a domicilio.
La panista María Elena Pérez-Jaén acusó que la reforma en Telecomunicaciones representa un retroceso de más de 30 años.
«El Gobierno podría requerirle a las empresas telefónicas todo tipo de información, geolocalización en tiempo real, incluso llamadas y videollamadas, mensajes en conversaciones privadas como WhatsApp, Instagram, X, Facebook o cualquier plataforma digital, las compras que realizamos en Amazon, Mercado Libre, entre otros datos privados que serán del conocimiento del Gobierno de Cuarta», alertó.
El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que la reforma representa la posibilidad de que, sin previa autorización de un Juez, un «burócrata convertido en espía», conozca desde el iris del ojo de un ciudadano hasta dónde se encuentra en cada momento de su vida.
«Pronto veremos al Estado espiar y a los delincuentes, con la información del Estado, extorsionar a la gente. Con esto no se logra la seguridad, la seguridad se logra atrapando a los narcotraficantes», expresó el priista.
El diputado morenista Eduardo Castillo negó que la reforma promueva el espionaje, y argumentó que busca la seguridad. «Ustedes que acusan el espionaje, no hay tal, no hay que confundirnos, es seguridad», dijo.
