Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Al menos 160 funcionarios de la Fiscalía General de Justicia del Estado están bajo investigación por no presentar su declaración patrimonial y de intereses correspondiente al ejercicio 2024, pese a que la ley los obliga.
La omisión encendió las alertas del Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, que ya inició procedimientos administrativos contra el 6 por ciento del personal total, cuyo plazo de entrega venció el pasado 31 de mayo.
De acuerdo con información oficial, de un total de 2,665 servidores públicos que integran la dependencia, el 94 por ciento del personal cumplió en tiempo y forma con la obligación. El resto, sin justificación válida, quedó sujeto a revisión.
Las sanciones por esta falta no son menores. La Dirección Jurídica y de Responsabilidades Administrativas informó que las consecuencias pueden ir desde una amonestación simple hasta la destitución del cargo, según la gravedad del incumplimiento y el historial del servidor público involucrado.
La Fiscalía explicó que todos sus empleados, sin distinción de rango o función, están obligados a rendir cuentas sobre sus bienes y posibles conflictos de interés, como parte de los mecanismos internos de control y prevención de la corrupción.
“La revisión es caso por caso”, señaló la institución. Cada expediente se analiza para determinar si hubo dolo, negligencia o simple desconocimiento, aunque esta última excusa, advierten, no exime de responsabilidad.
La dependencia reiteró que no habrá tolerancia para quienes incumplan con sus deberes administrativos, e insistió en que el fortalecimiento de la transparencia es clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
La investigación interna avanza en paralelo a otros procesos de fiscalización que, aseguran, buscan blindar el desempeño ético de quienes integran la Fiscalía tamaulipeca.
