Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Mediante la designación de comisarios por parte de la Contraloría Gubernamental, el Gobierno de Tamaulipas buscará endurecer la vigilancia sobre las Comapas, como parte de una reforma a la Ley de Aguas que también obligará a nuevas industrias a utilizar aguas residuales tratadas en sus procesos.
La iniciativa presentada por legisladores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, establece que los organismos operadores estatales serán supervisados por comisarios designados por la Contraloría, mientras que los intermunicipales quedarán bajo vigilancia directa de los municipios que los conforman.
También se refuerzan las reglas para el funcionamiento de los Consejos de Administración, exigiendo sesiones trimestrales y la entrega anticipada de documentación. Las reuniones que incumplan con estos plazos no tendrán validez legal.
En paralelo, la propuesta actualiza la integración de los Consejos de Administración, incorporando representantes de las secretarías de Salud, Finanzas y Desarrollo Urbano del estado. Se busca así dotar a estos órganos de una visión más técnica y transversal en la toma de decisiones sobre los servicios de agua potable y saneamiento.
Asimismo, se endurecen los requisitos para dirigir los organismos operadores. Quienes aspiren a ser gerentes generales deberán acreditar experiencia, formación profesional o conocimientos técnicos relacionados con el sector hídrico, como parte de una estrategia de profesionalización de la gestión del recurso.
La reforma también otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, facultándola para celebrar convenios con comunidades, asociaciones civiles y distritos de riego, y para impulsar la gestión integral del agua en cuencas y acuíferos mediante la organización social de los usuarios.
En materia ambiental, se establece que los nuevos asentamientos industriales deberán utilizar aguas residuales tratadas, siempre que exista calidad y disponibilidad adecuadas. Esta condición será obligatoria para autorizar su conexión al sistema estatal de agua.
Además, se fija que desarrollos habitacionales e industriales con fines de lucro deberán asumir el costo de las obras necesarias para su incorporación a los servicios públicos, bajo supervisión técnica del organismo operador correspondiente.
