Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Todo luce legítimo. El terreno existe, está bien ubicado y cuenta con escrituras auténticas. Las medidas, colindancias y datos del supuesto propietario coinciden con los del Registro Público. Incluso la credencial del INE que presenta como identificación el vendedor aparenta ser genuina.
El interesado en comprar respira tranquilo cuando el vendedor propone que la operación se concrete en una Notaría Pública reconocida de Ciudad Victoria. ¿Qué podría salir mal si todo se hará conforme a la ley y ante un fedatario?
Pues todo. Porque se trata de una estafa, y de las más elaboradas que han operado en la capital de Tamaulipas en los últimos años.
Una banda de defraudadores inmobiliarios está pescando incautos en redes sociales con ofertas de predios urbanos a precios demasiado buenos para ser ciertos. Y claro, como en todo timo, lo barato termina saliendo carísimo.
El anzuelo es irresistible: terrenos cuyo valor comercial ronda entre los 500 y 600 mil pesos, los ofrecen en 350 mil “negociables”. El argumento conmovedor —y falso— es siempre el mismo: una urgencia médica familiar obliga a rematar.
Para hacer más creíble el cuento, los estafadores presentan documentos legítimos. El modus operandi incluye datos reales de propietarios que no están vendiendo nada, suplantación de identidad y manipulaciones sutiles que incluso logran engañar a Notarías con trayectoria impecable.
Sí, algunas Notarías Públicas de Ciudad Victoria han estado a punto de autorizar operaciones fraudulentas creyendo que se trata de negocios lícitos. Solo su pericia o una segunda revisión ha evitado que los fraudes se consumen.
Otras, lamentablemente, no han corrido con la misma suerte. Al menos media docena de ciudadanos han sido estafados ya. Y eso es solo lo que se sabe. No se descarta que haya más víctimas que, por vergüenza o desconfianza, aún no han denunciado.
Las Notarías afectadas —engañadas al igual que sus clientes— están formalizando denuncias penales para deslindar responsabilidades. Es lo correcto. A nadie conviene callar ante una mafia que, mientras más impune, más peligrosa se vuelve.
La Fiscalía General de Justicia del Estado, por su parte, debería tener ya abiertas varias carpetas de investigación. Si no es así, algo está fallando muy grave en los protocolos de reacción institucional.
Más aún: resulta incomprensible —y alarmante— que hasta ahora no se haya emitido una alerta pública. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para advertir oficialmente sobre esta modalidad delictiva?
No es una estafa cualquiera. Es una red estructurada, con conocimiento legal y con habilidades tecnológicas para falsificar identidades y documentos. No estamos hablando de improvisados.
Lo mínimo que se espera de las autoridades es que salgan a alertar a la ciudadanía. Las redes sociales, donde el fraude se origina, también pueden ser el canal para prevenirlo.
Los medios de comunicación estamos cumpliendo con nuestra tarea: informar, advertir, señalar. Ahora corresponde a las instituciones hacer lo propio: actuar con eficacia, rapidez y transparencia.
Ciudad Victoria no puede convertirse en tierra fértil para estafadores profesionales. Ni los ciudadanos están obligados a desconfiar de todo, ni las autoridades pueden seguir en silencio.
Que nadie se diga sorprendido cuando los fraudes inmobiliarios se multipliquen. Las señales están ahí. Lo que falta —como tantas veces— es voluntad para verlas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
