Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción propuso al Congreso del Estado reformar el Código Penal para sancionar con penas de dos a nueve años de prisión a los llamados “aviadores”, es decir, personas que reciben un nombramiento oficial pero no acuden a desempeñar sus funciones y aun así cobran su sueldo.
Durante el foro, “Avances y retos en la Procuración de Justicia en el Combate a la Corrupción”, celebrado en el Congreso local, Miranda Zavala, funcionaria de la Fiscalía, planteó a los diputados penalizar a quien acepte un empleo, cargo o comisión sabiendo que no lo desempeñará, y que se ausente por más de 15 días.
Actualmente, la fracción IX del artículo 212 del ordenamiento punitivo, penaliza a quien : “En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no prestará el servicio para el que se le nombró o que no se cumplirá el contrato otorgado”.
Eso significa que solamente se sanciona a quien permite la presencia de un “aviador”, pero no al aviador.
Por esa razón, Zavala planteó adicionar una fracción para establecer que la misma penalidad de dos a nueve años de prisión se impondrá al que acepte un empleo, cargo o comisión públicos remunerados, a sabiendas de que no lo va a cumplir, y que no se presente en su horario laboral por un lapso de 15 días consecutivos.
Esto con el propósito de sancionar la conducta conocida socialmente como los “aviadores” para proteger y salvaguardar los recursos públicos.
Junto a Zavala, el funcionario Ramiro Olvera también presentó propuestas de reforma. Una de ellas busca fusionar los delitos de “ejercicio ilícito del servicio público” y “ejercicio abusivo del servicio público”, para que subsista sólo este último y no existan duplicidades legales que debiliten los procesos penales.
Olvera consideró urgente castigar con cárcel a los servidores públicos que alteren, introduzcan o fabriquen información falsa con la intención de encubrir hechos de corrupción. Dijo que ese tipo de prácticas entorpecen gravemente las investigaciones y dañan la credibilidad institucional.
Además, propuso incluir una figura penal contra quienes abandonen su cargo sin justificación, aun sin presentar formalmente su renuncia. La redacción sugerida señala: “Aquel servidor público que sin causa justificada abandone su empleo, cargo o comisión por más de cuatro días, sin haber renunciado o habiéndole sido aceptada y no haya realizado la entrega-recepción correspondiente”.
Las propuestas fueron recibidas por legisladores locales como parte del análisis para futuras reformas al Código Penal del Estado, con el fin de cerrar vacíos legales que actualmente limitan la actuación de la Fiscalía Anticorrupción.
