Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Como en toda organización, el orden interno es indispensable. Sin normas claras y sin disciplina, cualquier institución —sea pública o privada— está condenada al desorden, al despilfarro y a la ineficiencia.
En el gobierno, esa necesidad es aún más apremiante. No solo por la complejidad de sus estructuras, sino porque durante años se toleraron vicios que terminaron por deformar la cultura laboral del servicio público.
Uno de esos vicios, el más emblemático sin duda, es el del “aviadurismo”: personas que cobran sin trabajar, protegidas por favores políticos, cuotas partidistas o simples compadrazgos.
Durante sexenios completos esa práctica se normalizó. Lo mismo ocurría con el ausentismo disfrazado, el relajamiento de los horarios y el desinterés por cumplir con las funciones asignadas.
Por eso, cuando Luisa Eugenia Manautou Galván asumió la Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas e implementó una estrategia para poner orden, muchos lo celebraron como una decisión valiente y necesaria.
El anuncio vino acompañado de acciones. En casi todas las dependencias se intensificaron los controles, se reforzaron los registros de entrada y salida, y se fijaron reglas más estrictas sobre el cumplimiento del horario laboral.
Hasta ahí, todo bien. A nadie debería incomodar una política de disciplina que combata prácticas corruptas o que busque dignificar el trabajo en el servicio público.
Sin embargo, como suele ocurrir en el aparato gubernamental, la línea entre corregir y reprimir se cruzó demasiado pronto. El afán de imponer control se convirtió en vigilancia excesiva.
Empezaron a llegar quejas de trabajadoras y trabajadores a quienes se les niegan permisos por motivos familiares, incluyendo recoger a sus hijos en la escuela. Un derecho ya reconocido, ahora está siendo ignorado bajo el argumento de “cumplir horarios”.
Se reportan también casos donde las salidas médicas, las ausencias por emergencias y hasta los permisos de urgencia son desestimados sin criterio alguno. La instrucción parece ser “no permitir nada”, sin importar el contexto.
En muchas oficinas, los empleados tienen prohibido moverse de su área de trabajo, incluso para tareas mínimas. Hay quien describe el ambiente como “opresivo”, con supervisores dedicados más a vigilar que a facilitar el cumplimiento de las funciones.
Todo eso está generando un creciente malestar dentro de la burocracia estatal. Un malestar que, aunque no se exprese en voz alta, va creciendo en silencio, acumulando tensión y molestia.
En especial entre las madres de familia, muchas de ellas jefas de hogar, para quienes la actual rigidez representa no solo un problema administrativo, sino una amenaza directa a su estabilidad personal y familiar.
Y lo peor es que no parece haber espacios institucionales donde canalizar esa inconformidad. No hay diálogo, ni empatía, ni voluntad para revisar los excesos. Solo una línea vertical que ordena y vigila sin matices.
La pregunta es: ¿hasta dónde llegará esta política antes de que reviente? Porque la historia de Tamaulipas está llena de antecedentes donde el endurecimiento innecesario provocó crisis internas difíciles de contener.
Aquí nadie defiende el desorden ni el relajo burocrático. Lo que se plantea es algo elemental: las reglas deben tener criterios humanos, margen para lo imprevisto, y sobre todo sentido común.
De lo contrario, lo que debió ser una política de eficiencia puede convertirse en una fuente de desgaste, descontento y hartazgo dentro del propio gobierno estatal.
Y ese desgaste, tarde o temprano, se traduce en costo político. Porque los empleados públicos también votan. Y lo hacen con memoria.
En todas las elecciones estatales, el voto de la burocracia ha sido clave. A veces por convicción, a veces por alineamiento institucional, pero siempre presente.
Si el actual gobierno de Morena insiste en mantener una política de “mano dura” sin equilibrio, lo que cosechará será rencor, apatía y abstención. Justo lo que ningún partido quiere en tiempos electorales.
Y no hay que olvidar que en 2026 arranca el proceso para renovar alcaldías y el Congreso local. Un proceso donde cada voto contará. Y donde la burocracia estatal volverá a ser un actor relevante, aunque a veces se le subestime.
Por eso, conviene hacer una revisión urgente del enfoque. No se trata de abandonar la disciplina, sino de acompañarla con humanidad, sensatez y una mínima capacidad de diálogo.
Porque si no, el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
EL RESTO.
¿LOS DISCIPLINARON?
En otro tema, esta semana llamó la atención que los diputados morenistas Sergio Ojeda y Armando Zertuche, quienes llevaban varias sesiones votando en abstención, regresaron de pronto a la línea de su bancada.
La señal fue clara: la dirigencia de Morena decidió intervenir. Y todo indica que los “ajustaron”. Porque en política, cuando se corrige el rumbo tan rápido, es porque hubo jalón de orejas… o algo más.
Esperemos que el acomodo sea definitivo. Porque si los roces internos continúan, Morena podría sumar otro frente de conflicto justo cuando más necesita cohesión.
ASI ANDAN LAS COSAS.
