Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado propuso una reforma a la Ley de Educación del Estado para frenar el fenómeno de los llamados “niños Dillers”, menores que, con apoyo de sus padres, comercializan comida chatarra dentro de las escuelas, desafiando la prohibición oficial.
La iniciativa busca modificar cinco artículos de la legislación educativa para endurecer las medidas contra la posesión, distribución y venta de productos con bajo valor nutricional en los planteles escolares. Una de las principales novedades es que se propone facultar a los maestros para decomisar estos productos, incluso si son para consumo personal.
De acuerdo con datos citados en la exposición de motivos, el 30 por ciento de los estudiantes en México estaría involucrado en la venta informal de estos productos dentro de las escuelas, muchas veces con conocimiento e impulso de sus propias familias, lo que plantea un doble problema: salud pública y cultura de la legalidad.
“Los menores no solo están poniendo en riesgo su salud y la de sus compañeros, también están aprendiendo que las reglas pueden quebrantarse sin consecuencias”, advirtió el PAN al presentar la propuesta ante el Pleno.
La reforma también plantea incorporar en la ley la obligación explícita para padres, madres y tutores de no suministrar productos prohibidos a los menores, además de incluir sanciones a escuelas privadas que toleren estas prácticas y estímulos económicos a las públicas que logren erradicarlas.
Se propone además que la Secretaría de Educación promueva actividades dirigidas a las familias para fomentar la cultura de la legalidad, los hábitos alimenticios saludables y el respeto a las normas escolares, reforzando así el entorno de crianza desde casa.
Otro de los puntos relevantes es la inclusión del concepto de “posesión” en el artículo 70, con lo que no solo se castigaría a quien vende alimentos prohibidos, sino también a quien los lleva para su propio consumo. Esto, con el fin de frenar su circulación dentro de los planteles educativos.
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La iniciativa subraya que el combate a la obesidad infantil no puede depender solo de campañas informativas, que han fracasado en el pasado, y que es momento de asumir un enfoque de “cero tolerancia”, similar al aplicado en otras políticas de salud pública como las adicciones.
El dictamen fue turnado a comisiones para su análisis. Los promoventes insisten en que se trata de una medida urgente ante una crisis de salud que, según cifras federales, ya afecta al 39 por ciento de las niñas y niños mexicanos, con consecuencias graves y costosas en la vida adulta.
