Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la demanda en la que México acusó a fabricantes de armas de fomentar violencia de los cárteles.
El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida protegen a los fabricantes de armas de responsabilidad cuando sus armas de fuego son utilizadas en delitos.
«La principal alegación de México -que los fabricantes optan por vender armas a, entre otros, conocidos traficantes deshonestos- no cumple con ese requisito», declaró la jueza Elena Kagan.
«La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos», añade.
Fabricantes de renombre como Smith & Wesson habían apelado a los jueces después de que un tribunal inferior permitiera que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley.
México había pedido a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas.
El caso comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.

No se demuestra que fabricantes sean responsables de que armas lleguen a cárteles: empresas
El gobierno mexicano afirma que al menos 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.
Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que la demanda del país no demuestra en absoluto que sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.
Un juez federal desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió. El Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos en Boston determinó que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.