Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
El campo mexicano atraviesa una de sus peores crisis en décadas. No solo fue despojado de subsidios, créditos y apoyos técnicos desde 2018, sino que hoy enfrenta una segunda embestida igual de devastadora: la propagación incontrolada de plagas y enfermedades. Es una doble tragedia con un mismo origen: el abandono gubernamental que dejó al sector agropecuario sin respaldo y sin defensa.
En Tamaulipas, como en todo el país, los agricultores, ganaderos y citricultores han sido condenados a enfrentar solos un entorno comercial desigual frente a socios como Estados Unidos y Canadá, que sí protegen sus sectores rurales con dinero, ciencia y políticas públicas.
Mientras tanto, aquí, los apoyos se esfumaron y las instituciones fueron desmanteladas con la frialdad de quien nunca ha pisado un surco.
No fue solo la eliminación de los subsidios lo que hundió al campo: también se cancelaron los programas de sanidad vegetal y animal, justo cuando más se requería vigilancia epidemiológica para sostener los estándares de exportación. Y para rematar, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fue reducida a un cascarón burocrático, sin capacidad de acción ni coordinación.
Hoy enfrentamos las consecuencias. Plagas que estaban erradicadas hace décadas, como el gusano barrenador, han vuelto con fuerza, llevando a Estados Unidos a cerrar su frontera al ganado mexicano. En Tamaulipas, particularmente, ya se había restringido la entrada de bovinos por la detección de tuberculosis en algunos animales. Una verdadera catástrofe comercial.
Pero el desastre no termina ahí. La citricultura —uno de los orgullos del agro tamaulipeco— está bajo asedio por el Dragón Amarillo, una plaga que avanza sin freno, secando árboles, acabando cosechas y destruyendo el sustento de cientos de familias. Técnicos y productores coinciden: si no se actúa ya, en pocos años no quedará un solo huerto en pie.
Lo más doloroso es que nada de esto era inevitable. Fue el resultado de una decisión política: desmantelar la estructura agropecuaria bajo la falsa idea de que el campo podía sostenerse solo, mientras se privilegiaban programas clientelares disfrazados de justicia social. La omisión, en este caso, fue tan criminal como cualquier acto de corrupción.
Y aunque recientemente el nuevo secretario de Agricultura, Julio Berdegué, visitó Tamaulipas y prometió apoyos, reactivación sanitaria y nuevas reglas de comercio, lo cierto es que aún no hay nada concreto. La esperanza, como siempre, se siembra con discursos… pero en el campo, los discursos no germinan.
Los productores ya no piden subsidios milagrosos ni programas paternalistas: exigen una política pública seria, sostenida y técnica. Exigen reglas claras, inversión en sanidad, infraestructura, apertura de mercados y una mínima coordinación con quienes sí quieren trabajar. Pero sobre todo, exigen respeto: que no se les vuelva a abandonar a su suerte.
Porque si el gobierno federal no reacciona pronto, será demasiado tarde. Y cuando la sequía presupuestal se combine con la plaga desbordada, no habrá ni cosecha, ni exportación, ni campo que rescatar.
ASI ANDAN LAS COSAS.
