Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
En el 2020, Adriana inició un juicio laboral contra la Fiscalía General de Justicia del Estado por haberla despedido luego de 13 años laborando. Estaba embarazada. No había causa justificada. Solo había abuso y arbitrariedad.
Cinco años después, Adriana sigue esperando justicia. No por falta de sentencias, sino por exceso de trampas legales disfrazadas de recursos legítimos. La Fiscalía ha perdido en todas las instancias, pero aún así no paga.
Cada vez que un tribunal le da la razón a Adriana, la Fiscalía responde con una nueva jugada: amparos que no van a prosperar, pero que sirven para ganar tiempo. Tiempo para evadir, tiempo para desgastar, tiempo para humillar.
Y lo peor: no es un caso aislado. Es apenas un botón de muestra de un patrón vergonzoso que se repite en muchas dependencias públicas. Hay historias de trabajadores que llevan ¡¡¡hasta 20 años reclamando una indemnización!!! La justicia laboral es víctima de quienes deberían garantizarla.
Las instituciones gubernamentales, de todos los niveles y colores, han hecho de la “chicana legal” un método de defensa institucional. Un sistema perverso para evadir responsabilidades laborales, sin importar el daño humano.
La estrategia es simple y ruin: perder, apelar; volver a perder, ampararse. Todo con tal de no cumplir con un laudo. El costo no les importa, porque no lo pagan de su bolsillo. Lo cubre el erario, lo absorbe el trabajador, lo sufre la familia.
Porque mientras la institución gana tiempo, la persona despedida pierde años, estabilidad y salud. Su vida queda suspendida en un limbo jurídico que la revictimiza.
La paradoja es brutal: son justamente las fiscalías, los tribunales, las dependencias encargadas de hacer valer el derecho, quienes se burlan del mismo.
Y no hablamos de millones de pesos. En muchos casos, como el de Adriana, el pago es una liquidación modesta. Pero el problema no es el dinero, sino el principio: aceptar que cometieron una injusticia.
Aceptar que se equivocaron. O peor: que actuaron con dolo. Y eso, en el mundo del poder, es inaceptable.
Lo más indignante es que este patrón tiene décadas repitiéndose. Y ni gobiernos, ni congresos, ni órganos fiscalizadores han tenido el valor de ponerle un alto.
Hace algunos años se reformó la Ley Federal del Trabajo para frenar la simulación de abogados que alargaban juicios para inflar liquidaciones. Pero ahora, el problema está en el otro lado de la mesa: en las propias autoridades que simulan para no pagar.
Si en el ámbito privado eso se considera abuso patronal, en el sector público es complicidad institucional. Y nadie dice nada.
Ni los contralores, ni los organismos de derechos humanos, ni los sindicatos que se supone deben defender a sus agremiados. Todos callan. Todos son cómplices.
¿Hasta cuándo permitiremos que el Estado se comporte como el patrón más tramposo del país?
¿Cuándo entenderán que una institución que se niega a acatar sentencias pierde toda autoridad moral para exigir justicia?
La justicia laboral en México no necesita más discursos. Necesita voluntad política, ética pública… y vergüenza institucional.
ASI ANDAN LAS COSAS.
