Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Al aprobar la legítima defensa con perspectiva de género, el Congreso del Estado prácticamente otorga inmunidad penal a mujeres que cometan delitos al defenderse de una agresión, siempre que actúen bajo condiciones de miedo, terror o violencia estructural que afecten su capacidad de respuesta.
La reforma al Código Penal fue avalada este martes por el Pleno del Congreso durante sesión ordinaria, y reconoce como excluyente de responsabilidad penal los actos cometidos en defensa propia o en auxilio de una mujer que se encuentre en riesgo por violencia física, sexual o feminicida.
El dictamen, promovido por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson y respaldado por legisladoras y legisladores de Morena, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano, modifica y adiciona párrafos a los artículos 32 y 34 del Código Penal de Tamaulipas.
Uno de los puntos centrales es que no se considerará exceso en la legítima defensa cuando la persona agredida actúe bajo miedo o terror, afectando su capacidad para medir racionalmente los medios empleados. Esta condición deberá ser acreditada mediante peritajes psicológicos.
También se reconoce como legítima defensa el uso de la fuerza por parte de cualquier persona que intervenga para proteger a una mujer víctima de violencia de género, siempre que su acción tenga como propósito frenar la agresión.
El dictamen está fundamentado en tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen la obligación de juzgar con perspectiva de género cuando una mujer actúa para proteger su vida o integridad frente a una agresión.
Además, el proyecto recibió opinión favorable de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y fue modificado para brindar mayor claridad jurídica sin alterar el propósito central: evitar que mujeres o terceros que actúan en su defensa sean criminalizados en contextos de violencia.
El dictamen argumenta que , con esta decisión, Tamaulipas se coloca a la vanguardia en la armonización de su legislación penal con estándares nacionales e internacionales que buscan evitar la revictimización de mujeres que sobreviven agresiones o que son auxiliadas por terceros.
