Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Con 23 votos a favor y ocho en contra, el Congreso del Estado aprobó este martes la desaparición del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), en medio de un duro posicionamiento de la diputada panista Patricia Saldívar, quien advirtió que la medida representa “la reinstauración del viejo régimen político de los ochentas”.
El dictamen establece que las funciones del ITAIT serán asumidas por la Contraloría Gubernamental, bajo el argumento de armonizar la legislación estatal con la reforma federal que ordenó la desaparición del INAI. Sin embargo, desde la oposición se alertó sobre los riesgos de centralizar la transparencia en el Ejecutivo estatal.
En tribuna, la diputada Patricia Saldívar lanzó una crítica directa: “Es un día triste porque damos un paso atrás. Se desmantela un organismo autónomo. Por más elogios que quieran dar a la Contraloría Gubernamental, jamás se atreverá a hacer pública cualquier información que comprometa al gobierno”.
Y agregó: “Este dictamen representa, sin rubor alguno, que hoy Tamaulipas no será más un estado, sino un régimen. La información pública —como el costo de una obra, de una camioneta blindada— es del pueblo, y no debe estar sujeta al control del gobernante para compartirla”.
El decreto instruye a la Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas y Contraloría Gubernamental a iniciar en un plazo de 60 días naturales los ajustes normativos, presupuestales y estructurales necesarios para asumir las funciones del extinto ITAIT.
Además, se establece la transferencia total de recursos humanos, tecnológicos, financieros y documentales, con la obligación de respetar los derechos laborales del personal conforme a la legislación vigente. El presupuesto ejercido por el Instituto en 2025 será fiscalizado.
El dictamen también señala que los convenios, contratos, plataformas y sistemas digitales en operación seguirán vigentes, y las unidades administrativas duplicadas deberán ser eliminadas.
Desde la mayoría legislativa se sostuvo que la reforma no representa una regresión en materia de derechos, sino una medida de reorganización institucional. Sin embargo, la oposición insistió en que se trata de una decisión política que debilita los contrapesos y entierra la transparencia independiente.
