Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Habitantes del ejido “Plutarco Elías Calles” y otras comunidades del llamado Segundo Cañón del municipio denunciaron públicamente el infierno que viven por la falta de agua potable, agravada por la sequía y lo que consideran un uso político del recurso por parte del gobierno municipal, encabezado por la panista Maricela Rodríguez González.
La queja señala que la alcaldesa presuntamente ordena que solo se suministre agua en pipas a quienes militan o simpatizan con el PAN. “Solo les da agua a los que son del PAN. A nosotros que somos de Morena nos discrimina”, afirmó. Entre los ejidos afectados se encuentran Plutarco Elías Calles, El Caracol, Santa Gertrudis, San Manuel, San José y San Juan de la Palma.
En esas comunidades, muchas familias han tenido que pagar hasta cinco mil pesos por una pipa de agua. Cuando el municipio envía apoyo, éste llega únicamente a casas seleccionadas. En grabaciones compartidas por los habitantes, se observa a los choferes de las pipas descargar agua en domicilios particulares mientras justifican su acción diciendo: “A mí me dieron la indicación”.
Los denunciantes hicieron un llamado urgente al gobernador Américo Villarreal Anaya y a la Comisión Nacional del Agua, (Conagua), para que intervengan de inmediato y se garantice el acceso equitativo al agua. “No puede ser que por no apoyar a un partido político nos nieguen un derecho humano básico”, expresaron.
En algunas comunidades, la desesperación ha llegado al punto de que vecinos han considerado secuestrar pipas como medida de presión. “Llegamos del campo, bajo el sol, y no tenemos ni agua para bañarnos ni beber. Es inhumano”, lamentó una mujer del ejido San José.
Una posible solución sería reactivar el pozo del ejido El Caracol, perforado hace más de una década. Los pobladores recuerdan que incluso el exgobernador Egidio Torre Cantú prometió construir una presa, pero las obras jamás se concretaron. Tampoco hubo avances durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca.
Hoy, con la administración de Américo Villarreal, las más de mil familias afectadas albergan una nueva esperanza. Saben que los pozos profundos requieren inversiones millonarias, pero también están convencidos de que no pueden seguir viviendo como si el agua fuera un privilegio político y no un derecho universal.
